WINDSOR.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el domingo un informe sobre la interrupción de la democracia en Perú al comienzo de una reunión de cancilleres americanos que deben decidir cómo responder a la cuestionada reelección del Presidente Alberto Fujimori.
La comisión de la Organización de los Estados Americanos concluyó que "el proceso eleccionario que se llevó a cabo en Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático", y pidió que se convoquen elecciones libres.
En opinión de la comisión, la Resolución 1080 de la OEA, que prevé una respuesta colectiva del continente en defensa de la democracia cuando se ve amenzada en uno de los estados miembros, es aplicable al caso de Perú.
La semana pasada, México y Venezuela salieron a la defensa de Fujimori y rechazaron la invocación de la Resolución 1080 pedida por Estados Unidos, que busca una condena colectiva de las elecciones peruanas y amenza con aplicar sanciones contra el gobierno de Fujimori.
"La comisión entiende claramente que hubo una interrupción del proceso democrático en Perú, y que es aplicable la norma de la Resolución 1080", dijo el presidente de la comisión, el abogado y ex diputado brasileño Hélio Bicudo.
El informe cuestiona incluso la legitimidad de la candidatura de Fujimori por un tercer mandato consecutivo, logrado tras la destitución "arbitraria" de tres miembros del Tribunal Constitucional por considerar que el Presidente no podía ser reelecto.
El informe se entregó al iniciarse la asanblea general anual de la OEA, en la que los cancilleres de los 34 países miembros tendrán como punto más candente en su agenda la definición de una respuesta sobre las elecciones en Perú, que fueron consideradas "lejos de ser libres" por la propia misión de observadores electorales de la OEA.
Estados Unidos y Canadá, así como organizaciones de derechos humanos, advierten que está en juego la credibilidad de la OEA si los cancilleres no respaldan el informe de la misión de observadores encabezada por el ex canciller guatemalteco Eduardo Stein y asumen un respuesta de condena.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos no ha querido cuestionar la legitimidad de la reelección de Fujimori. Lo dan como un hecho y se oponen a una acción colectiva.
Canadá ha propuesto que la OEA envíe una misión de destacadas personalidades para estudiar la situación política y formular recomendaciones sobre cómo fortalecer la democracia en Perú.
"No es posible seguir cerrando los ojos. Los cancilleres no pueden desconocer el informe de Stein ni este de la comisión", dijo Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Macher advirtió que la crisis política peruana se volverá violenta en julio si los cancilleres se quedan con los brazos cruzados y "no asumen su responsabilidad frente al proceso electoral fraudulento".
La comisión concluyó que el poder judicial carece de independencia en Perú debido a las "injerencias constantes" del gobierno, y destacó que el 80 por ciento de los jueces tiene carácter provisional y pueden ser retirado sin causa.
La libertad de expresión está seriamente vulnerada en Perú por la utilización sistemática de los servicios de inteligencia del Estado y de las fuerzas de seguridad como medios de hostigamiento y persecución contra periodistas y políticos de oposición, afirmó la comisión.
