WASHINGTON.- Una comisión gubernamental recomendó hoy la militarización de la respuesta a los ataques terroristas en Estados Unidos y una ampliación del papel de la Agencia Central de Información (CIA) en la lucha contra los extremistas.
La Comisión Nacional sobre Terrorismo (CNT), creada hace dos años por el Congreso, también recomendó que se mantenga la vigilancia sobre los extranjeros que estudian en Estados Unidos y se controlen las actividades de grupos solidarios con organizaciones extremistas en otros países.
El Gobierno de Estados Unidos gasta unos 10.000 millones de dólares anuales en actividades contra el terrorismo, y las propuestas de la CNT preocupan a los defensores de los derechos ciudadanos que ya han visto, en años recientes, un incremento sustancial de operaciones gubernamentales como la interceptación de llamadas telefónicas.
"La amenaza terrorista va cambiando y se torna cada vez más letal", dijo el presidente de la CNT, L. Paul Bremer, quien fuera enviado especial del Departamento de Estado para actividades contra el terrorismo.
Cada año llegan a Estados Unidos más de 120.000 personas con visado de estudiante y la comisión indicó que deben vigilarse los cambios en planes de estudios, por ejemplo cuando alguien que dijo que iba a estudiar literatura o leyes, cambia sus cursos a física nuclear.
Actualmente la respuesta a los ataques terroristas dentro de Estados Unidos la encabezan la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Federal para Control en Emergencias (FEMA, en inglés).
La comisión, en su informe de 64 páginas, recomienda que se asigne el papel conductor en la respuesta a los ataques terroristas a alguna organización militar y también propone que se cancelen algunas restricciones sobre la forma en que operan el FBI y la CIA en su infiltración y búsqueda de información sobre los grupos terroristas.
La ley actual prohíbe, desde mediados de los años 70, que la CIA realice tareas de espionaje e infiltración dentro de Estados Unidos, y desde que salió a luz pública la colaboración de torturadores y secuestrados con las operaciones de la CIA en América Central, se ha restringido el contacto de la agencia con personas de antecedentes dudosos.
El presidente del Comité Arabe Estadounidense contra la Discriminación, Jala Maksud, dijo que "si se llevan a la práctica estas recomendaciones, el resultado será un daño grave a las libertades civiles".
"Esas recomendaciones, si se aplican, facilitarán la conducta abusiva por parte del gobierno sin que el resultado sea, necesariamente, un aumento en la seguridad ciudadana", agregó Maksud.
Durante 1999 un tribunal secreto -creado por una ley de 1978- autorizó 1.481 operaciones de intercepción de líneas telefónicas, como respuesta a las peticiones del Departamento de Justicia.
De esas operaciones, 880 estuvieron relacionadas con investigaciones por espionaje y terrorismo, comparadas con 490 en 1992. El resto han sido investigaciones relacionadas con tráfico de drogas, apuestas ilegales y otros delitos comunes.
Desde que el presidente Bill Clinton llegó a la Casa Blanca en enero de 1993, el número de operaciones de intercepción de teléfonos, autorizado por este tribunal secreto, ha aumentado de manera casi ininterrumpida año tras año.
Desde su creación hace más de 22 años ese tribunal secreto ha aprobado más de 13.600 trámites de intervención de líneas telefónicas, y rechazó sólo un pedido del gobierno.
"El aumento de las intervenciones telefónicas vinculadas con espionaje y terrorismo es motivo de preocupación por la falta de rendición de cuentas que rodea a todo este proceso secreto", comentó David Banisar, subdirector de Privacy International, un grupo de derechos civiles.
El Congreso estableció la Comisión Nacional sobre Terrorismo en 1998 después de los ataques terroristas que en agosto de ese año sufrieron las embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania, que causaron la muerte de 200 personas y miles de heridos.
