Ecuador: Justicia refuerza purga financiera y ordena prisión de banqueros

Los ex dueños del banco Filanbanco, los hermanos William y Roberto Isaías, recibieron órdenes de arresto por presunto fraude al Estado. Los acusados habrían utilizado créditos de liquidez por más de US$ 100 millones.

24 de Junio de 2000 | 10:00 | EFE
QUITO.-La justicia ecuatoriana, acusada de lentitud y de falta de decisiones firmes, ha reforzado la purga en el sistema financiero con la orden de captura a 19 personas, entre ex banqueros y antiguas autoridades, involucradas en un supuesto fraude al Estado.

Respondiendo a las críticas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó encarcelar a los ex propietarios del banco Filanbanco, los hermanos William y Roberto Isaías, quienes han insistido en su inocencia en relación con el presunto fraude al Estado por la utilización irregular de créditos de liquidez por más de US$100 millones.

El presidente del mencionado tribunal, Galo Pico, ordenó a la Policía buscar a los involucrados, pese a que los ''peces gordos'' del proceso posiblemente hayan salido ya del país.

Entre los implicados figuran además ex gerentes del Banco Central, ex superintendentes bancarios, antiguos altos cargos, empleados del Filanbanco y hasta un ex ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo.

El Filanbanco está ahora en poder del Estado, ya que el año pasado fue declarado en crisis de liquidez, por lo que la Superintendencia de Bancos lo intervino y la gubernamental Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) lo capitalizó para administrarlo temporalmente hasta que sea vendido al sector privado.

Este banco se benefició de varios créditos de liquidez por parte del Banco Central, pero los antiguos administradores entregaron activos, supuestamente sobrevalorados, para cubrir los préstamos.

La decisión judicial ha generado expectación entre los ecuatorianos, que soportan una aguda crisis económica cuyas causas podrían provenir de la mala gestión bancaria y de la ayuda estatal entregada por el ex presidente Jamil Mahuad para salvar a varias entidades financieras que atravesaron por profundos problemas de liquidez.

El propio Mahuad podría ser procesado si la Corte Suprema lo ordena, pues según las denuncias, el ex presidente, derrocado el pasado 21 de enero tras una insurrección civil y militar, está supuestamente también salpicado por las acusaciones contra los banqueros.

Tras la crisis financiera, que se agudizó en marzo del año pasado y que generó la nacionalización de varios bancos considerados ''casi quebrados'', sólo se encuentra detenido, en una cárcel de máxima seguridad en Quito, Fernando Aspiazu, expulsado del Banco del Progreso y acusado de evasión de impuestos, entre otros delitos financieros.

Con las nuevas órdenes de detención y la agilización del proceso Filanbanco, la población espera que se conozca al fin el destino de los millones de dólares que el Estado empleó para salvar la banca, pero que han generado una insatisfacción general.

De los 43 bancos activos en 1998, el 75 por ciento ha sido intervenido por el Estado y más de nueve están en procesos de liquidación.

Además, varios analistas consideran que la crisis bancaria obligó al ex presidente Mahuad, supuestamente comprometido con los banqueros, a declarar en marzo de 1999 un festivo bancario obligatorio que se extendió toda una semana, durante la cual no hubo operaciones bancarias, y que fue la antesala para la incautación de todos los depósitos financieros.

Mahuad dijo entonces que con esas medidas evitó una fuga de divisas y un efecto dominó en la quiebra de bancos, aunque sus decisiones generaron la ira de los ahorradores, muchos de los cuales hasta ahora no pueden recuperar la totalidad de sus depósitos.

El jefe del Estado, Gustavo Noboa, que fue vicepresidente de Mahuad ante de convertirse en su sucesor, se comprometió a estudiar fórmulas que permitan la devolución total y cuanto antes de los depósitos a todos los clientes del sistema financiero, aunque admitió que deberá agilizar la venta de activos de los bancos en poder del Estado.

Noboa además ha pedido a la justicia que acelere los procesos penales contra los banqueros acusados de corrupción, pues supone que gran parte de la responsabilidad de los problemas del país se originaron en la crisis bancaria y las medidas que adoptó entonces el Gobierno de Mahuad.
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