BUENOS AIRES, Jul 4 (AFP) - El presidente argentino Fernando de la Rúa fue denunciado este martes ante la justicia federal por el recorte salarial efectuado en el mes de junio a los sueldos de los empleados públicos, previsto por decreto en el marco del fuerte ajuste fiscal, pese a decisiones judiciales en contra.
Así lo confirmaron los denunciantes, los abogados Eduardo Barcesat y Carlos Díaz, en los Tribunales capitalinos.
La demanda radicada ante el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo, abarca además del jefe de Estado a "todos los funcionarios cuya responsabilidad se determine" por los presuntos delitos de "desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En las seis carillas de su presentación los letrados recordaron la existencia de "decisiones judiciales firmes y basadas en autoridad de cosa juzgada" por las que se dispuso "la suspensión del decreto 430/00 repugnado como nulo e inconstitucional" y se recuerda que esas resoluciones "fueron notificadas a las autoridades nacionales".
El decreto presidencial de "necesidad y urgencia" 430/00, que dispuso el recorte salarial de entre 12 y 15% a los salarios de la administración pública superiores a mil pesos (igual en dólares), provocó una dura pelea en el Parlamento, pero finalmente fue ratificado en la Cámara de Diputados donde la gubernamental Alianza es mayoría.
En tanto, los diferentes gremios afectados presentaron recursos de amparo en contra de la medida, que obtuvo el fallo favorable de varios jueces que hicieron lugar a la medida cautelar de "no innovar" sobre los salarios, lo que además fue ratificado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo el viernes pasado.
Con estas medidas, el Gobierno debería haber suspendido la aplicación del recorte salarial en junio, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El gobierno sumó este martes un nuevo rechazo al recorte salarial, a raíz del fallo del juez federal de la provincia de Córdoba (centro) Alejandro Sánchez Freytes, que hizo lugar a una acción de amparo por supuesta "inconstitucionalidad" del decreto de ajuste, que había sido presentada por trabajadores de la delegación local del PAMI (obra social de pensionados), según fuentes judiciales.
Mientras, el juez de Trabajo Enrique Gibert ya se pronunció sobre el fondo de la cuestión declarando nulo el decreto.
Los abogados explicaron a la prensa que "identificados los autores y partícipes del accionar delictivo, además del Presidente se solicita que se le tome declaración indagatoria, previo desafuero en los casos que por su jerarquía así correspondiere".
En su presentación, recordaron que "como es de público conocimiento se han promovido múltiples acciones de amparo reprochando la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, nominado de necesidad y urgencia, y por el que se impusieron confiscaciones parciales de los salarios de los agentes de la administración pública".
Según los letrados, los descuentos se hicieron "en abierta contravención" a normas de la Constitución.
Por eso, pidieron al juez Cavallo que "de inmediato" libre oficios a "los organismos centralizados de la administración pública" en donde trabajan personas cuyas acciones judiciales "fueron desobedecidas o incumplidas".
Además reclama una respuesta de los Ministerios de Economía y de Trabajo, y de la Secretaría General de la Presidencia, para que digan "quién impartió la orden" de liquidar los sueldos de junio con la aplicación del recorte salarial.
