QUITO.- Los defensores del ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad sostendrán mañana, martes, ante la Corte Suprema de Justicia que el proceso penal contra el derrocado gobernante debe ser declarado nulo y revocada la orden de prisión.
El proceso penal debe ser nulo, porque se inició sin la autorización previa del Congreso Nacional y el acto principal denunciado (congelación de depósitos bancarios) no constituye delito, informaron los abogados Walter Guerrero y Patricio Vivanco, en un adelanto a la prensa extranjera de lo que será su primer alegato jurídico por escrito.
Mahuad, que se encuentra en Estados Unidos dictando conferencias en la Universidad de Harvard, fue derrocado el pasado 21 de enero tras una insurrección protagonizada por militares e indígenas.
Guerrero subrayó que, según el derecho internacional, si un Presidente comete una infracción, le corresponde al Parlamento iniciar el juicio político contra el mandatario y, si lo estima oportuno, destituirle y enviarle ante la justicia.
Recordó que así fue en el caso del ex presidente brasileño Fernando Collor de Melo y el venezolano Carlos Andrés Pérez, con los que inició el juicio político legislativo y después el penal.
"La orden de prisión preventiva (contra Mahuad) en este caso se convierte en sentencia condenatoria", afirmó su abogado.
Existe, además, dijeron sus defensores, un vacío legal porque el acto principal denunciado (congelación de depósitos bancarios) no está previsto como delito en la legislación penal ecuatoriana.
El ex presidente Jamil Mahuad también explicará, en el alegato de la defensa ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las razones por las que decretó la congelación bancaria en marzo del pasado año, asegurando que no hacerlo hubiera significado "el colapso financiero de los ecuatorianos".
"La medida no fue acompañada de dolo o mala fe", afirmó el abogado Walter Guerrero.
Por su parte, Patricio Vivanco informó que la defensa pedirá también pruebas al Banco Central para que entregue a la CSJ un informe sobre la gran crisis económica que vivió el país, el estado de la reserva monetaria o la devaluación, para que las medidas tomadas por Mahuad se sitúen en su contexto.
"Un acto nulo como fue su derrocamiento de enero no puede producir consecuencias legítimas", reiteró Guerrero.
Los defensores del ex mandatario ecuatoriano aseguraron que no buscan la prescripción del caso alargando los trámites legales, sino que aspiran al sobreseimiento del proceso.
Los delitos de los que se acusa a Mahuad, entre otros de abuso de autoridad, tienen un máximo de pena de hasta ocho días de prisión y 80 sucres (moneda local) de multa, según sus abogados.
Mahuad ha declarado en Estados Unidos a varios medios informativos que su procesamiento es un "linchamiento político" y asegura que sólo volverá al país si tiene garantías constitucionales de defensa.
