BOGOTA.- Los narcotraficantes colombianos están dispuestos a lanzar una nueva campaña de terror para evitar ser extraditados a los Estados Unidos, con el asesinato de ministros, jueces y funcionarios que autoricen los trámites de extradición.
La amenaza está contenida en un panfleto que está circulando en los medios de comunicación de Cali, la tercera ciudad de Colombia, de donde son oriundos varios jefes de la mafia de las drogas bajo proceso de extradición a los Estados Unidos.
"Arrasaremos a todo aquel que ejecute extradiciones de colombiano alguno. No permitiremos que los gringos adictos e inmorales nos juzguen", dijo el comunicado de un desconocido "Movimiento nuestra tierra".
"No extradición. Si nos toca morir que sea de pie, que sea matando", agrega el comunicado que amenaza directamente a "jueces, ministros, representantes de la Corte Suprema de Justicia y todos aquellos de autoricen extradición de nacionales".
La Corte Suprema de Justicia que aprueba las extradiciones, rechazó las intimidaciones de los narcotraficantes y anunció que no se doblegará frente a las amenazas.
"Somos humanos y sería prácticamente increíble que uno dijera que no siente miedo, que no se atemoriza", dijo Edgar Lombana, presidente de la Sala Penal de la Corte al comentar la amenaza de los narcotraficantes.
"Lo único que yo si le puedo garantizar al país es que la Corte cumplirá con su deber al precio que le toque pagar", agregó Lombana anoche en una rueda de prensa.
Hay mas de 20 narcotraficantes a la espera de ser extraditados a los Estados Unidos.
El procedimiento consagrado en la ley establece que las solicitudes deben ser sometidas a la consideración de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual las aprueba si se ajustan a las disposiciones legales, o en caso contrario, las rechaza.
Cuando son aprobadas, el Presidente de la República y su Ministro de Justicia, tienen la facultad discrecional de enviar o no a la justicia extranjera a los delincuentes colombianos solicitados en extradición.
Entre 1984 y 1991, el cartel de Medellín, lanzó la mayor ofensiva terrorista conocida en Colombia para impedir la extradición de los reyes de la droga. Carros-bomba estallaban pordoquier, mientras tres candidatos presidenciales, ministros, gobernadores, magistrados de la Corte, periodistas y policías fueron asesinados.
Finalmente la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la intimidación de las bombas y los magnicidios, prohibió la extradición en 1991, pero ésta fue restablecida en 1997 cuando ya habían sido desmantelados los dos grandes carteles de la droga de Medellín y Cali.
