BUENOS AIRES.- El gobierno del presidente Fernando de la Rúa y la oposición peronista estaban hoy envueltos en el peor escándalo político desde la restauración democrática en 1983, ante coincidentes versiones de que en el Senado se pagaron sobornos para hacer aprobar una polémica reforma a la legislación laboral.
Hasta el momento no hay evidencias concretas, aunque crecen los indicios de que importantes miembros del bloque peronista, que tiene mayoría en el Senado, fueron "gratificados" para aprobar el proyecto, convertido en ley hace tres meses.
Todos los presuntamente involucrados negaron públicamente las versiones y en un comienzo De la Rúa las descartó como "absurdas", atribuyéndolas a versiones infundadas. Pero poco después reconoció que el episodio debe ser investigado, mientras su Oficina Anticorrupción tomaba cartas en el asunto.
El vicepresidente Carlos Alvarez, que desde un comienzo impulsó el esclarecimiento del caso, propuso ayer que todos los senadores renuncien a sus fueros para que la justicia pueda investigarlos. Y agregó su esperanza de que el episodio dé comienzo a un proceso similar al italiano de "mani pulite" (manos limpias), en el cual la justicia de aquel país desencadenó una profunda depuración de la vida política peninsular, con procesados y condenados.
El jefe de la bancada de la Alianza gobernante, José Genoud, propuso anoche que se declaren caducos los mandatos de los senadores y se adelanten las elecciones. El Senado debe renovar el año próximo a la totalidad de sus 72 integrantes.
El veterano senador peronista Antonio Cafiero declaró hoy al diario "La Nación" que está dispuesto a abandonar la bancada de su partido, ante la negativa de sus autoridades a investigar las denuncias, que él ya había planteado en pleno recinto.
"Tengo sospechas. No tengo pruebas ni indicios serios concordantes. Tengo sospechas por la entidad que ha tomado este problema", dijo Cafiero. Según fuentes legislativas, el senador recibió informes verbales de que algunos de sus colegas peronistas recibieron dinero para votar la reforma.
Las denuncias apuntan, en el gobierno, al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al secretario de inteligencia del Estado (Side), Fernando de Santibañes, un ex banquero muy allegado al Presidente. La Side maneja fondos reservados, de los que habrían provenido los sobornos, según las versiones.
Flamarique dijo hoy que las denuncias constituyen "una leyenda absurda, sin ninguna prueba, sin un nombre" y que ponen en peligro el sistema democrático.
Pero el dirigente sindical Hugo Moyano, líder del sector "combativo" de la escindida Confederación General del Trabajo (CGT), reiteró hoy una denuncia de hace meses, mientras procuraba bloquear la aprobación de la reforma laboral.
Atribuyó entonces haber escuchado decir a Flamarique que la aprobación del proyecto en el Senado estaba asegurado, porque "tenía un Banelco (cajero automático) para convencer a los peronistas".
Moyano dijo hoy que se presentará ante la justicia para pedir que se declare nula la ley de reforma laboral, "porque su aprobación está viciada de nulidad".
"La Nación" comenta hoy que "sea cual fuere el final de esta historia, en la que todos parecen saber mucho, pero nadie se anima a ir más allá, y difícilmente lo hagan, lo cierto es que la sospecha ha vuelto a instalarse de la mano de dos palabras, sobornos y corrupción, que abren un escenario potencialmente imprevisible en la vida política del país".
