BUENOS AIRES.- La detención en México de un empresario argentino que fue acusado de estar involucrado en delitos contra los derechos humanos, sólo veinte días después de un caso similar en Italia, removió hoy un pasado trágico sobre el que Argentina intentó echar tierra.
"La justicia llega. Es necesario, porque ellos se creyeron dueños del mundo y de las personas", afirmó hoy Telma Jara de Cabezas, quien dice haber sido torturada hace 22 años por quien fue detenido ayer, jueves, en la ciudad mexicana de Cancún.
Entre tanto, el Gobierno argentino seguía hoy manteniendo silencio sobre el caso de Ricardo Miguel Cavallo, quien reconoció ser Miguel Angel Cavallo, un ex marino que fue procesado por su participación en la represión desatada por la dictadura militar (1976-1983) y se benefició de la ley de "punto final" en 1987.
Cavallo, que dirige una empresa en México, fue detenido cuando el avión en el que viajaba hacia Buenos Aires hizo escala en Cancún, veinte días después de que el mayor retirado del Ejército argentino Jorge Olivera hubiera pasado por la misma situación en roma.
Fuentes cercanas al Gobierno de Fernando de la Rúa indicaron que, como pasó con Olivera, que es reclamado por Francia por la desaparición de una joven en 1976, las autoridades no asumirán su defensa, sino que se limitarán a prestarle asistencia consular.
"Es una postura ilegítima. El Gobierno tiene la obligación de hacer respetar las leyes argentinas", dijo a EFE el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil incluido en una lista de 48 argentinos cuya captura ha reclamado internacionalmente el juez español Baltasar Garzón por delitos como genocidio y tortura.
Torres de Tolosa, que expresó su solidaridad con Cavallo y Olivera y reconoció que no se atreve a viajar ni siquiera a Uruguay o Chile, destacó la actitud del Gobierno chileno que, pese a no estar de acuerdo con el general retirado Agusto Pinochet, "luchó para que no fuese juzgado en otro país".
El abogado señaló que en el caso de Argentina hay tres argumentos de peso para rechazar los juicios en el extranjero de nacionales por delitos contra los derechos humanos: ya fueron juzgados, los delitos prescribieron y los acuerdos internacionales sobre extraterritorialidad de la justicia no tienen efecto retroactivo.
Por el contrario, quienes fueron presos políticos durante la dictadura y principalmente aquellos que dicen haber sido torturados por Cavallo manifestaron su satisfacción por el hecho de que el brazo de la justicia esté cayendo sobre los represores, aunque sea fuera de las fronteras de Argentina.
En declaraciones a Radio Mitre, Telma Jara de Cabezas aseguró que el hombre detenido en México fue uno de los torturadores que padeció en la tristemente célebre Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro de detención durante la dictadura.
Jara, que hoy tiene 73 años y es madre de uno de los 30.000 desaparecidos que, según organismos de derechos humanos, causó la dictadura, fue secuestrada en 1976 cuando salía de visitar en el hospital a su marido enfermo de cáncer.
En sus declaraciones manifestó no tener ninguna duda de que Ricardo Cavallo y Miguel Angel Cavallo son la misma persona que en 1976 le decía que los torturadores de la ESMA tenían que hacer turnos de pocas horas, porque "les dolían las manos de aplicar la picana", instrumento de tortura con energía eléctrica.
Víctor Basterra, que también estuvo detenido en la ESMA, fue más cauto y declaró a Radio Mitre que está "casi seguro" que Ricardo Cavallo es Miguel Angel Cavallo.
Precisamente Basterra fue quien aportó a organismos de derechos humanos un carné de los servicios de inteligencia del Estado a nombre de Miguel Angel Cavallo, con su número de cédula y una fotografía, que llegó a sus manos cuando era obligado a trabajar junto a otros detenidos en tareas de archivo para la Armada.
Ese carné es una de los documentos relativos a Cavallo que posee el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en sus archivos.
La abogada del CELS, María José Guembe, aclaró hoy que el capitán de corbeta retirado Miguel Angel Cavallo no tiene aún pedido de captura por parte del juez Garzón, pero sí "una imputación en el sumario que investiga".
Con la detención de Cavallo "quedó demostrado", como con el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, que "las personas que lograron la impunidad dentro de sus países, luego de haber cometido los crímenes aberrantes que cometieron, por lo menos no pueden pensar en el exilio fuera de sus fronteras", señaló Guembe.
