BUENOS AIRES.- El presidente argentino, Fernando de la Rúa, rechazó hoy la posibilidad de hacer cambios en su gabinete a causa del caso de corrupción que puso a funcionarios de su Gobierno bajo sospecha de haber sobornado a senadores de la oposición para lograr la aprobación de una reforma laboral.
"Yo descuento que no", subrayó De la Rúa cuando se le preguntó en la Casa de Gobierno si el cambio de algún funcionario figura entre las posibilidades en estudio.
El jefe del Estado repitió que la postura de su administración es la de contribuir al esclarecimiento del caso en los canales de investigación abiertos en la Justicia, el Parlamento, y la oficina Anticorrupción del Gobierno.
Una serie de versiones que se van atando crea semejante escándalo. Lo mejor es profundizar toda la investigación y aclararlo hasta lo último", señaló.
El juez federal Carlos Liporaci empezó esta semana a tomar declaración como testigos a unos 20 senadores de distintos grupos políticos, en su afán para aclarar si efectivamente se han pagado los sobornos.
Ayer, lunes, el senador Antonio Cafiero, del opositor Partido Justicialista (PJ-peronista), dio al juez los nombres de tres colegas que, de acuerdo con su información, están involucrados en el asunto.
Los nombres fueron mantenidos en reserva por Cafiero y forman parte del secreto con el que el magistrado cubrió al expediente para evitar filtraciones que pongan en peligro la investigación.
Sin embargo, los diarios argentinos publicaron varios nombres que presuntamente fueron mencionados por Cafiero en su declaración judicial, aunque las versiones no coinciden en la mayoría de los casos.
La reforma laboral, que en síntesis es un conjunto de artículos de flexibilización en el mercado del trabajo, fue aprobada en el Senado en abril pasado, pese a la fuerte resistencia de los sindicatos.
En principio, los senadores peronistas manifestaron su oposición a la iniciativa pero, después de largas y duras negociaciones que cambiaron la redacción original del proyecto, terminaron por darle su apoyo.
Por el lado del Gobierno, el caso salpicó al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de los servicios secretos, el ex banquero Fernando de Santibañes, quienes fueron señalados en varios medios de prensa como los supuestos encargados de negociar con los senadores.
Flamarique y de Santibañes se han presentado en la Justicia, en comisiones especiales del Parlamento y en la Oficina Anticorrupción para negar en forma tajante su participación en cualquier ilícito y prometer su colaboración con las investigaciones.
