BUENOS AIRES.- El juez que investiga un presunto pago de sobornos en el Senado argentino dijo el miércoles que hasta ahora no existen pruebas que permitan esclarecer el caso.
"Hay una debilidad de prueba total", dijo a periodistas el juez federal Carlos Liporaci sobre las acusaciones de que funcionarios de gobierno habrían pagado sobornos a senadores peronistas a cambio de la sanción de una ley de reforma laboral.
El escándalo estalló tras una nota periodística publicada a fines de junio.
Sin embargo, hasta la denuncia del vicepresidente Carlos Alvarez ante la justicia federal la semana pasada, el único en solicitar la investigación del caso había sido el senador peronista Antonio Cafiero, quien el lunes entregó a Liporaci un sobre con los nombres de sus colegas que habrían aceptado pagos ilegales.
Tras su declaración judicial, Cafiero se alejó del bloque de su partido por sentirse marginado desde que expresó su sospecha de que los rumores acerca de los sobornos en la Cámara Alta eran ciertos.
Mientras se espera la declaración de varios legisladores, el matutino "La Nación" publicó el miércoles una entrevista con un senador del opositor Partido Justicialista (peronista) que, pidiendo anonimato, admitió haber recibido dinero a cambio de votar a favor de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de la Alianza.
"Tengo miedo de ir preso", confesó el senador al diario. "Nunca pensé que esto se iba a manejar así. Lo peligroso fue que unos recibieron más y otros menos, entonces algunos se sintieron usados".
Tras las declaraciones, Liporaci dijo esperar "que ese arrepentido se presente ante la justicia".
Por su parte, el titular del ala combativa de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, dijo que ratificará ante Liporaci su denuncia contra el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, a quien acusa de haber dicho que tenía preparada una tarjeta de crédito para los resistentes senadores peronistas.
"Voy a ratificar lo que dije hace unos meses porque es la verdad: el ministro de Trabajo dijo en una cena en el sindicato de Obras Sanitarias "para los senadores tengo la Banelco' (una tarjeta para sacar dinero de cajeros automáticos)", dijo Moyano.
Flamarique ha negado esa imputación en reiteradas ocasiones.
El escándalo de los presuntos sobornos en el Senado golpea al gobierno de Fernando de la Rúa, quien llegó al poder en diciembre tras 10 años de gobierno del peronista Carlos Menem prometiendo devolver a la política la transparencia perdida.
"El sistema está pervertido. Todo el mundo viene y te pone la mosca (dinero). ¿Las empresas privadas? Claro. Pero ésta es la primera vez que lo hace un gobierno con la oposición", dijo el senador arrepentido.
Mientras los analistas aseguran que el gobierno resultará perjudicado por el escándalo, el ministro de Economía José Luis Machinea dijo que si el caso no se resuelve con celeridad, la imagen de Argentina ante los inversores extranjeros podría verse fuertemente afectada.
"De mi parte, voy a poner el mayor empeño y rigor para que se investigue y se determine la verdad, para que lo que sea versión se deseche, y lo que sea hecho, se compruebe", dijo De la Rúa.
La reforma laboral, aprobada en mayo, tenía como objetivo abaratar los costos de contratación y despido de trabajadores, una medida clave en los intentos del gobierno por bajar el alto desempleo, que en mayo trepó a 15,4 por ciento.
