MADRID.- Dos víctimas argentinas de torturas dijeron a un magistrado español que un ex oficial argentino detenido en México secuestró a activistas de izquierda para que fuesen torturados a fines de la década de 1970.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió el testimonio de ambos activistas, torturados durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, como parte de sus trámites para pedir la extradición de Ricardo Miguel Cavallo para ser enjuiciado en España.
Cavallo fue detenido el jueves pasado en México por acusaciones de torturar a prisioneros durante la llamada "guerra sucia" argentina.
"Era muy famoso en la ESMA (Escuela de mecánica de la armada)", dijo la testigo Susana Burgos después de presentar declaración. "Cavallo era la persona que traía a la gente viva para ser torturada y después dar más nombres" de izquierdistas.
Burgos dijo que fue secuestrada en 1977 cuando era estudiante universitaria, y que permaneció dos años en la ESMA, uno de los peores centros de tortura de los gobiernos militares argentinos.
Garzón, que intentó este año obtener la extradición del ex militar chileno Augusto Pinochet a España para que respondiese a acusaciones de abusos a los derechos humanos, preside ahora una investigación acerca de las dictaduras de Chile y Argentina.
El otro testigo de hoy, Juan Gasparini, dijo a Garzón que conoció a Cavallo la primera noche que fue torturado. El ex oficial argentino estuvo involucrado en el asesinato de su novia, dijo el testigo.
Gasparini dijo que Cavallo y sus cómplices lo obligaron a subir a un auto con otros individuos para que presenciara el secuestro de su novia, que murió de un balazo durante la operación.
Cavallo era "muy eficiente y un oficial muy participativo", declaró Gasparini.
Tanto Gasparini como Burgos identificaron a Cavallo en unas fotos mostradas ante el tribunal.
Cavallo puede ser retenido durante 60 días en México mientras los funcionarios españoles tramitan su extradición.
Por lo menos 9.000 argentinos desaparecieron durante los siete años de dictadura militar del país. Grupos de derechos humanos elevan esa cifra a unos 30.000.
Cavallo ha admitido que perteneció al ejército argentino, pero ha negado las acusaciones de los testigos.
