De la Rúa descarta que caso sobornos provoque crisis de gbno.

"Que nadie hable de crisis institucional, porque no la hay, ni la habrá", destacó ante la prensa y sostuvo que su Gobierno "abrirá todas las puertas que sean necesarias" para facilitar la labor del juez federal Carlos Liporacci, quien ha dicho tener indicios ciertos de que existió el ilícito.

03 de Septiembre de 2000 | 16:00 | EFE
BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Fernando De la Rúa, negó hoy la posibilidad de que su Gobierno entre en crisis como consecuencia de las investigaciones por presuntos sobornos en el Senado, un caso que ha sacudido con la fuerza de un terremoto a la clase política local.

"Que nadie hable de crisis institucional, porque no la hay, ni la habrá", destacó ante la prensa y sostuvo que su Gobierno "abrirá todas las puertas que sean necesarias" para facilitar la labor del juez federal Carlos Liporacci, quien ha dicho tener indicios ciertos de que existió el ilícito.

El magistrado "tiene todo el apoyo del Gobierno para avanzar a fondo" en la causa, dijo De la Rúa tras haber presidido la ceremonia de firma de un decreto de desregulación de las telecomunicaciones, en la residencia presidencial de Olivos, a unos pocos kilómetros al norte de Buenos Aires.

"Hemos abierto todas las puertas del Gobierno y he dado la orden a todos los funcionarios de que se informe plenamente al juez sobre todo lo que quiera investigar", dijo con énfasis al aludir a la citación para mañana del viceministro de Economía, Mario Vicens, para ser interrogado por Liporacci.

El magistrado, sobre quien pesan dos pedidos de destitución y una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, debido a la compra de una finca en las afueras de Buenos Aires valuada en 1,3 millón de dólares, ha dicho que tiene presunciones de que los sobornos fueron pagados con dinero del Estado.

Por esa razón, además de interrogar a varios de los senadores sospechados de haber recibido sobornos por un total de 10 millones de dólares, el juez federal anunció que investigará las cuentas del Estado y también los depósitos bancarios y tarjetas de crédito de los presuntos corruptos.

El caso por los posibles sobornos para la aprobación de una ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno ha puesto también en el centro de la tormenta al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el banquero Fernando de Santiabáñes.

El asunto, que desde hace dos semanas ocupa la primera plana de los principales diarios de Argentina, ha colocado a los dirigentes políticos y parlamentarios en uno de los niveles más bajos de la credibilidad ciudadanía, según las distintas encuestas que se difunden todos los días.

De acuerdo con esos sondeos, el 90 por ciento de los consultados no tiene dudas de que se pagaron sobornos millonarios a senadores de la gobernante Alianza y del partido Justicialista (PJ-peronista), el principal de oposición, y un porcentaje similar dice no tener ya confianza en los políticos.

En tanto, los principales diarios de Buenos Aires destacan en sus ediciones de hoy, citando a fuentes allegadas a la investigación judicial, que el total de los legisladores involucrados ascendería a, por lo menos, 20, es decir 12 más de los sospechados inicialmente por el juez Liporacci.

El caso estalló con la fuerza de un verdadero terremoto cuando el vicepresidente del país, Carlos Alvarez, quien también preside el Senado, hizo público un anónimo que revelaba detalles y nombres de funcionarios del Gobierno y de varios legisladores involucrados en el supuesto ilícito.

La primera denuncia fue hecha en abril pasado por el dirigente sindical Hugo Moyano, quien aseguró que el ministro Flamarique le había manifestado que estaba dispuesto a utilizar una popular tarjeta de crédito para lograr en el Senado la aprobación de la polémica ley de reforma laboral.

La afirmación del sindicalista quedó en el olvido hasta que el diario La Nación publicó el mes pasado una serie de artículos dando cuenta del caso y se potenció cuando el veterano senador peronista Antonio Cafiero solicitó sin éxito tratar el caso en una sesión extraordinaria del Parlamento.
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