QUITO.- El presidente ecuatoriano, Gustavo Noboa, afronta desde hoy una "prueba de fuego" por el levantamiento popular que las organizaciones indígenas y sociales han convocado para rechazar su gestión económica.
Noboa, en tono enérgico, subrayó que no tolerará el desorden y que llevará a la cárcel a los huelguistas que cierren carreteras, obstruyan el paso de productos agrícolas a las ciudades o intenten paralizar la producción.
Los frentes sociales aseguran que no temen a sus amenazas y han ratificado su disposición de llevar el levantamiento hasta las "últimas consecuencias", según lo afirmó Napoleón Saltos, de la Coordinadora de Movimientos Sociales.
Saltos explicó que las organizaciones populares han elaborado un "mandato" de exigencias al Gobierno que, sobre todo, pide la derogación de la Ley de Promoción de Inversiones y Participación Ciudadana, conocida como Trole II, y que fomenta las privatizaciones indiscriminadas, según el dirigente.
También exige la anulación de una reforma al Instituto de Seguridad Social y la convocatoria a un plebiscito sobre el proceso de dolarización de la economía, entre otros asuntos.
Además, teme que Ecuador se vea involucrado en el conflicto colombiano, por lo que exige un pronunciamiento radical del Ejecutivo contra el Plan Colombia y la anulación de un convenio para el uso, por parte de efectivos estadounidenses, de la base militar ecuatoriana de Manta, en el Pacífico.
Saltos señaló que Ecuador debe ser declarado un "territorio de paz" y que el Gobierno debe confirmar su estricto apego al principio de no intervención en asuntos internos de otras naciones.
Solicita la urgente devolución de los dineros a los depositantes de los bancos que cerraron el año pasado a causa de una crisis de liquidez que afectó al sistema financiero. Reclamó, además, una acción judicial más rápida y firme para llevar a la cárcel a los ex banqueros prófugos acusados de corrupción.
El "mandato" de los frentes sociales también incluye la congelación de los precios de la gasolinas, el gas de uso doméstico y de las tarifas de teléfonos, agua y electricidad durante los próximos cinco años, como una medida "efectiva para combatir la inflación", que llegó al 104 por ciento en los últimos doce meses.
El presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Antonio Vargas, dijo que la lucha de los pueblos del Ecuador no claudicará y rechazó las amenazas del Ejecutivo de reprimir las manifestaciones o encarcelar a los dirigentes.
"El Gobierno es el responsable de lo que ocurre en el país" al imponer políticas impopulares, sin contar con la opinión de otros sectores y, por lo tanto, según Vargas, asumiendo actitudes dictatoriales.
"Los dirigentes no correremos y no tememos a las amenazas", señaló al insistir en que el levantamiento supone una acción "pacífica, masiva y firme" con el único objetivo de defender los intereses populares.
Pero los frentes sociales temen que, además de las advertencias del Gobierno, los grupos de derecha hayan formado bandas paramilitares para hostigar a los dirigentes y sofocar, con el terror, las protestas sociales.
Napoleón Saltos culpó directamente al conservador Partido Social Cristiano (PSC) y algunos grupos empresariales de estar detrás de esa posible formación de grupos armados de derechas.
El dirigente solicitó a las fuerzas del orden se preocupen de garantizar que dichos grupos violentos no atenten contra la paz ciudadana y, mas bien, eviten reprimir las manifestaciones sociales que serán "totalmente pacíficas" y se dirigirán, básicamente, "'del campo a la ciudad".
No obstante, la huelga no tiene el apoyo en las ciudades, pues una encuesta de la firma Cedatos reveló que el 72 por ciento de los ciudadanos de Quito, Guayaquil y Cuenca desaprueban la actitud de los movimientos sociales.
Esas tres ciudades concentran el 56 por ciento de la población urbana y el 80 por ciento de la actividad comercial e industrial de la nación.
