BEIJING.- Beijing ha recibido con sentimientos encontrados la aprobación del Estatuto de Relaciones Comerciales Normales con EE.UU. ya que, si bien le garantiza el acceso al mercado estadounidense también permite a Washington vigilar la situación de los derechos humanos en China.
El Ministerio de Comercio y Cooperación Económica (MOFTEC) acogió con euforia la noticia, que ve como un triunfo casi propio después de 14 años de infructuosas negociaciones para lograr la apertura del mercado mundial a los productos chinos.
En una nota oficial emitida esta mañana, el portavoz de ese Ministerio señaló que "el pueblo chino ha cumplido un deseo que perseguía desde hace mucho tiempo", un acuerdo que no sólo beneficiará a China, sino también a los Estados Unidos.
Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Sun Yuxi, se mostró más cauteloso y, en declaraciones a EFE, dejó patente su molestia por "algunos anexos a la ley que permiten a Estados Unidos adoptar medidas contrarias a los intereses de China".
"El Gobierno chino expresa su más profunda oposición a los contenidos antichinos" de la ley aprobada ayer por el Senado estadounidense, manifestó Sun sin dar más detalles.
La Cancillería criticó "algunas cláusulas pertenecientes a la ley, que ya fueron aprobadas en su día por el Congreso" y que demuestran una actitud de desconfianza.
En concreto, Beijing considera inaceptable la creación de una comisión parlamentaria extraordinaria para vigilar la situación de los derechos humanos en China.
Esta comisión podrá, sobre la base de los datos recogidos, recomendar al Gobierno estadounidense la adopción de sanciones o medidas de castigo a China, siempre que sean compatibles con el reglamento de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La cancelación de préstamos otorgados por el Banco de Importación-Exportación estadounidense a Beijing, por ejemplo, sería una de las posibles venganzas de Washington, si se produjera un deterioro en la situación de los derechos humanos y libertades individuales en China.
Beijing considera, sin embargo, que ésta es sólo una nueva versión del intervencionismo estadounidense que, "con la excusa de los derechos humanos, quiere interferir en las cuestiones internas de otros países", como denunció en numerosas ocasiones.
Según los analistas, el Gobierno chino se siente decepcionado porque creyó que esta ley pondría punto final a la tradicional vigilancia de EE.UU. sobre la situación de los Derechos Humanos, que cada año culminaba con la celebración de un debate en el Congreso estadounidense.
Aquel proceso, que China consideraba "humillante", condicionaba la renovación anual del estatuto de relaciones comerciales normales a una mejora en la situación de los derechos humanos.
Desde ahora, ya no habrá condicionantes a la apertura comercial ni debate institucionalizado, pero seguirá existiendo una comisión parlamentaria que vigile los pasos de China.
Su poder real, sin embargo, será muy inferior al que tenía la comisión anterior y casi insignificante en comparación con el que podría haber tenido, si hubieran salido adelante las enmiendas presentadas en el Senado con el fin de controlar la venta de armamento chino, su espionaje o las relaciones con Taiwán.
