Hubo irregularidades en liberación de represor argentino en Italia

Un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, identificado como Raúl Fernández, informó hoy viernes que el mayor retirado Jorge Olivera fue liberado el lunes por la justicia italiana, merced a un documento falso.

22 de Septiembre de 2000 | 11:52 | AP
BUENOS AIRES.- Un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, identificado como Raúl Fernández, informó hoy viernes que el mayor retirado Jorge Olivera fue liberado el lunes por la justicia italiana, merced a un documento falso.

Olivera llegó rocedente de Roma, donde había sido detenido el 6 de agosto a pedido de la justicia francesa. Está acusado de haber dirigido la detención, en 1976, de la joven franco-argentina Marie Anne Erize, que figura como desaparecida.

Los abogados de Olivera presentaron ante el tribunal italiano que tramitaba el pedido de extradición de Francia, un supuesto certificado de defunción de Erize, para demostrar que la muchacha no figura como desaparecida. En mérito al mismo, el militar fue puesto en libertad y se apresuró a retornar a Buenos Aires.

"Se trata de una partida de defunción adulterada", declaró Fernández, "que no existe en el Registro Civil".

"El facsímil que presentó el abogado de Olivera es una solicitud de partida de defunción, que no certifica el fallecimiento de Marie Anne Erize Tisseau, y el trámite realizado en el Registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 2000, dio como resultado la no existencia de la partida de defunción", explicó.

"Lo que se presentó no es un instrumento público, es la adulteración de una simple solicitud de búsqueda de información. Esto demuestra la ilegitimidad de la defensa de Olivera", sostuvo Fernández.

Ayer Amnistía Internacional dirigió un mensaje al Presidente Fernando de la Rúa, solicitándole que facilite la extradición de Olivera a Francia.

Amnesty pidió al Presidente que "haga cumplir los tratados que el Estado argentino se ha comprometido en respetar", en materia de castigo a los delitos de lesa humanidad.
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