LIMA.- El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, centro de un escándalo de corrupción en Perú, habría salido del país probablemente rumbo a Panamá, informaron en la madrugada del domingo la emisora Radioprogramas y el canal N de cable.
Montesinos habría viajado en un jet privado, según la versión coincidente difundida por ambos medios informativos. La versión no ha sido confirmada por autoridades del gobierno.
La partida al parecer se produjo desde una base aérea contigua al aeropuerto internacional de Lima después de la medianoche del sábado al domingo.
Previamente, según los informes difundidos se advirtió la llegada de media docena de vehículos oficiales, los cuales ingresaron a la sede de la Aviación del Ejército, también ubicada en las inmediaciones.
De ahí la caravana de automóviles se trasladó a la base de la fuerza aérea de donde partió.
Los informes de prensa sostienen que Montesinos habría llegado acompañado de un general del ejército, no identificado. El canal N sostuvo que el controvertido personaje habría partido en un Lear Jet.
La estación de TV y la radioemisora indicaron que el destino de la aeronave sería Panamá.
En un video difundido el pasado jueves 14 por un partido de oposición se aprecia a Montesinos entregando 15.000 dólares a un congresista opositor que días después se pasó a las filas del oficialismo, en un hecho que ha sido calificado de flagrante delito de corrupción de funcionarios.
La difusión de la cinta de video desató una grave crisis que obligó al presidente Alberto Fujimori a anunciar dos días después su decisión de convocar a elecciones generales en el plazo más breve en las que dijo que no participará.
El mandatario también dispuso la desactivación del Sistema de Inteligencia nacional (SIN), que dirigía en la práctica Montesinos.
En los últimos diez años, durante el primer y segundo gobierno de Fujimori, Montesinos acumuló un gran poder al punto de llegar a convertirse en un personaje todopoderoso que controlaba las fuerzas armadas, el Poder Judicial y toda las esferas de la administración pública, según denuncias de la oposición.
Las acusaciones también incluyen violaciones a los derechos humanos, el montaje de una red de espionaje telefónico a opositores al gobierno y de ordenar acciones de hostilización y amedrentamiento contra legisladores y periodistas independientes.
