LIMA.- El gobierno y la oposición de Perú reiniciaron este viernes su diálogo hacia reformas constitucionales que aceleren las elecciones y se comprometerán a no romper más los acuerdos establecidos en mesa.
"En la mesa de diálogo todos vamos a ratificar que respetaremos los acuerdos tomados, en documento y en forma verbal", dijo la legisladora oficialista, Beatriz Alva Hart, a una radio local.
El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Eduardo Latorre, se mostró complacido porque su convocatoria para reiniciar las negociaciones fue acogida por ambas partes, luego que el diálogo se suspendió pues los oficialistas revisaron un acuerdo pactado en mesa.
La OEA supervisa las negociaciones entre ambos bloques. El gobierno decidió aplazar, en forma inconsulta, una legislatura cuyo plazo fue acordado antes por ambas partes. Por ello, la oposición rompió el diálogo ante su temor que el Presidente Alberto Fujimori no cumpla su promesa de recortar su mandato a julio del 2001.
Los opositores creen que el gobierno está dilatando el tiempo rumbo a los nuevos comicios, que convocó Fujimori y en los que no participará, debido a que las reformas constitucionales básicas para acelerar las presidenciales deben ser aprobadas en dos legislaturas en el Congreso.
Así, Latorre dijo la noche del jueves a periodistas que el primer tema a tratar en mesa de este viernes sería la formalización de sus compromisos de no romper los acuerdos y que recibió hasta tres cartas con esa promesa, aunque agregó que "no he recibido las satisfacciones que esperaba".
"Fujimori no esta dando las garantías y si no las da del todo tiene que evaluar su permanencia en el poder", opinó la legisladora opositora, Anel Towsend, respaldando la opinión del Defensor del Pueblo, quien en la víspera dijo que el Presidente debe dejar libre el paso a un gobierno transitorio.
Según una encuesta a nivel nacional realizada entre el 7 y el 14 de octubre por la privada IMASEN, el 63,4 por ciento de los 1.224 entrevistados desaprueba la gestión de Fujimori y el 59,2 por ciento cree que él no puede garantizar comicios limpios.
En la mesa de diálogo también se debatiría quién representará a la sociedad civil en la comisión encabezada por el primer ministro y encargada de desactivar el SIN, así como el grupo del Congreso que verá el informe sobre ese proceso.
No obstante, la oposición teme que el gobierno lleve a la mesa la activación de una ley de amnistía para militares que cometieron excesos en la peor época de la violencia rebelde (1980-1992).
Analistas consideran ridículo creer que el gobierno realmente desactivará al SIN, mientras investigaciones periodísticas informaron que el material secreto de la entidad fue trasladado a una dependencia del Ejército.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respondió en un comunicado que son falsas esas acusaciones y negó también en otra nota oficial que están impulsando una ley de amnistía.
"No se ajustan a la verdad las informaciones de algunos medios en las que se relacionan en forma tendenciosa, hechos o actividades de carácter eminentemente castrences con la actual coyuntura política", explicó el comunicado militar el viernes.
Entre tanto, el mayor líder opositor Alejandro Toledo se unió al rito antifujimori de cada viernes del lavado de la bandera nacional en plena Plaza Mayor frente a Palacio de Gobierno.
