Congreso peruano inhabilitó a dos representantes del ex Presidente Fujimori

La medida afecta por cinco años a Luz Salgado y Carmen Lozada acusadas del presunto delito de asociación ilícita para delinquir, al sabotear un referéndum sobre la reelección presidencial.

16 de Agosto de 2001 | 22:56 | AFP
LIMA.- El Congreso de Perú inhabilitó a dos parlamentarias de la agrupación Cambio 90-Nueva Mayoría del destituido Presidente Alberto Fujimori, acusadas de conspirar contra la democracia, luego de un debate celebrado el jueves por la noche transmitido por un canal de cable local.

La medida afecta por cinco años a Luz Salgado y Carmen Lozada acusadas -junto a un grupo de 13 ex representantes fujimoristas, dos ex ministros y dos magistrados que sirvieron bajo el Gobierno de Fujimori-, del presunto delito de asociación ilícita para delinquir, al sabotear un referéndum sobre la reelección presidencial.

De los 69 congresistas presentes en el hemiciclo de la cámara única del Congreso (compuesto por 120 legisladores) 65 votaron a favor, 1 en contra y tres se abstuvieron.

La decisión prohíbe ejercer por cinco años una función pública a las dos congresistas, así como a los 13 ex parlamentarios fujimoristas.

La inhabilitación reduce en forma automática -y momentáneamente- a una sola congresista la bancada parlamentaria de Fujimori, que queda representada en solitario por Martha Chávez hasta que se decida el nombre de los dos candidatos de su grupo político que cubrirán las vacantes que dejan las dos inhabilitadas.

Salgado y Lozada dijeron ser víctimas de una persecución política.

"Somos víctimas de una persecución política por defender nuestras ideas y lo bueno del Gobierno de Fujimori. La acusación no tiene carácter jurídico sino político", subrayó Lozada.

La denuncia contra las legisladoras, ex representantes y ex funcionarios del régimen de Alberto Fujimori fue presentada en julio último por la bancada oficialista del anterior Congreso, que legisló durante el gobierno interino del Presidente Valentín Paniagua.

A los acusados les imputan haberse sometido a una autoridad menor al participar en 1998 en una reunión en la sede del Servicio de Inteligencia con el jefe de esa institución, Vladimiro Montesinos, para coordinar acciones encaminadas a impedir un referéndum que la oposición de entonces (hoy en el poder) impulsaba para rechazar la reelección de Fujimori.

La suspensión de las dos parlamentarias se basa en la Constitución que autoriza al Congreso a sancionar a los legisladores que hayan incurrido en delito.
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