BUENOS AIRES.— El Presidente interino Adolfo Rodríguez Saá recibió el lunes a las Madres de Plaza de Mayo y confió a abogados defensores de los derechos humanos puestos claves en el área de justicia, en un intento por disipar aprensiones relacionadas con sus presuntos antecedentes autoritarios.
El sector más radicalizado de las Madres, que encabeza Hebe de Bonafini, llegó temprano a la Casa de Gobierno y fue recibida por el peronista Rodríguez Saá, a quien la Asamblea Legislativa designó el sábado para reemplazar al renunciante presidente Fernando de la Rúa y convocar a elecciones, que se realizarán el 3 de marzo.
"Desde 1984 no entrábamos a esta casa, desde 1984 que no éramos atendidas como personas", dijo Bonafini, quien todos los jueves con otras madres de desaparecidos realiza una simbólica ronda en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, exigiendo juicio y castigo a los culpables del secuestro y asesinato de sus hijos.
Se estima que no menos de 30.000 detenidos políticos fueron ejecutados sumariamente en tiempos de la pasada dictadura militar (1976-83).
Rodríguez Saá despidió con un beso a la delegación de las Madres, que le presentaron un petitorio al cual accedió de inmediato.
Bonafini declaró a la prensa que el Presidente se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley para liberar a todos los detenidos durante recientes episodios de violencia social y saqueos, que dejaron más de 20 muertos, 200 heridos y unos 2.000 detenidos en todo el país.
"El Presidente nos prometió que ya está en su pensamiento la ley para la libertad, no sé si de todos, pero creo que sí, de todos los presos políticos y sociales. Nos vamos muy ilusionadas y con grandes expectativas de que el primero de enero todos los compañeros que están en la cárcel queden en libertad", dijo Bonafini.
El sector más moderado de las Madres, denominado Línea Fundadora, enfrentado con Bonafini, informó a la AP que seguramente se entrevistarán también con Rodríguez Saá en los próximos días.
Rodríguez Saá, de 54 años, ocupó ininterrumpidamente la gobernación de su provincia de San Luis desde la restauración democrática en 1983 hasta su renuncia la semana pasada. Goza de reputación de excelente administrador pero fue acusado de gobernar San Luis con mano de hierro y de no respetar los derechos de sus opositores ni la independencia del poder judicial.
Seguramente para disipar esta mala imagen, Rodríguez Saá nombró secretario de justicia al abogado Alberto Zuppi, hombre ligado a organismos defensores de los derechos humanos, que asesoró a embajadas extranjeras en los juicios de extradición de criminales de guerra nazis.
También confió la secretaría de derechos humanos a Jorge Taiana, un peronista de izquierda que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zappi anunció el lunes un fundamental cambio de actitud del nuevo gobierno en el tema de los pedidos de extradición de ex militares argentinos acusados de violar derechos humanos y requeridos por tribunales extranjeros.
Tanto el ex presidente peronista Carlos Menem como el radical De la Rúa rehusaron siempre la extradición de acusados argentinos, invocando el principio de la territorialidad para aplicar la ley penal.
"Hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. Si no estamos dispuestos a entregar a las personas requeridas, tenemos la obligación internacional de juzgarlas. Es un principio obligatorio, lo hemos aceptado pero no lo llevamos a la práctica, de modo que son temas que hay que poner en movimiento", dijo el secretario de justicia.
Informó también que la Oficina Anticorrupción, creada por el anterior gobierno y severamente cuestionada por el ex presidente Menem y su grupo peronista, "va a seguir funcionando a pleno. No hay límites. La impronta que he recibido del Presidente es que no hay personas que hayan nacido con coronita (privilegios)".
