BRASILIA.- Los principales candidatos que se postulan a las elecciones de octubre prometen librar una lucha frontal contra el crimen organizado con medidas que fortalezcan las acciones policiales.
El candidato gobiernista José Serra incluyó en su programa de gobierno la creación de un Ministerio de Seguridad, con la misión específica de coordinar las operaciones contra la criminalidad entre la policía, los organismos de inteligencia del estado e inclusive las fuerzas armadas.
Serra aseveró que los brasileños "no pueden vivir más con el terror impuesto por grupos del narcotráfico, del contrabando de armas, secuestradores y asesinos".
A su vez, el candidato a la Presidencia del izquierdista y opositor Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que la seguridad será una de las principales prioridades de su gobierno.
El PT, un partido que siempre ha denunciado violaciones de derechos humanos por parte de la policía en las cárceles y en las calles, ahora incorporó en su programa la lucha sin cuartel contra el crimen con el fortalecimiento de los organismos de seguridad y de inteligencia del estado.
Lula da Silva tampoco descartó que las fuerzas armadas sean convocadas para garantizar el cumplimiento de la ley "por una prerrogativa constitucional que les otorga el derecho de actuar en resguardo de la soberanía nacional".
La preocupación del PT y de los partidos de gobierno se basa en que el crimen organizado sustentaría un "poder paralelo" en algunas regiones del país.
De acuerdo con informes de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, hay órdenes de arresto vigentes contra 250.000 sospechosos que están prófugos.
Pero, al parecer, ni las cárceles sirven para contener a los cabecillas del hampa. La pasada semana fue intervenida la penitenciaría Bangú Uno, en Río de Janeiro, cuando surgieron versiones de que algunos criminales allí planeaban actos delictivos desde sus celdas mediante teléfonos celulares y fax.
Los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais son los más afectados por las actividades criminales, según el estudio de la comisión legislativa.
En Sao Paulo se hizo una costumbre el secuestro de ciudadanos, así no tengan la suficiente capacidad económica para responder a las exigencias de los plagiadores.
En Río de Janeiro, grupos del narcotráfico sentaron sus bases en algunos suburbios en los que "aterrorizan a los pobladores o compran su complicidad mediante el financiamiento de algunas obras de beneficio", según el informe.
