MADRID.- Dos días después del más reciente atentado de la organización separatista vasca ETA, el gobierno español inició hoy los trámites para la ilegalización de Batasuna, partido considerado brazo político de los terroristas del grupo armado, informaron fuentes gubernamentales.
Así, el ministro de Justicia, José María Michavila, remitió a la Fiscalía la documentación sobre la actividad de Batasuna, que hasta ahora se ha negado a condenar, como siempre tras un atentado, el que costó la vida el pasado domingo a una niña de seis años y a un hombre de 57 en la localidad costera de Santa Pola, en el este del país.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, quien el lunes ya había anunciado la petición del gobierno de "los informes jurídicos pertinentes" para la posible ilegalización del partido independentista radical, contactó con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, para informarle de los trámites.
Michavila ha hecho lo mismo con otros líderes de fuerzas políticas que apoyan la medida contra Batasuna.
La posibilidad de ilegalizar a la formación independentista radical se ampara en la nueva Ley de Partidos Políticos, que entró en vigor el pasado 29 de junio. La norma, aprobada con un amplio consenso en el Parlamento español, fue creada con ese objetivo.
Esta ley prevé la ilegalización de quienes justifiquen o exculpen los atentados terroristas y den un "apoyo expreso o tácito al terrorismo". La ausencia de condena de Batasuna del atentado de Santa Pola, el primero que comete el grupo armado desde la entrada en vigor de la ley, fue contemplado en este sentido por el gobierno español y parte de los partidos políticos.
El portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, consideró el lunes al presidente del gobierno, José María Aznar, "responsable en primera persona" del reciente atentado terrorista y "de lo que puede ocurrir en el futuro". Además, "no esperamos más que se aceleren los procesos que ya estaban iniciados contra Batasuna y contra el conjunto de la izquierda ’abertzale’ (independentista)", dijo.
La Fiscalía deberá ahora decidir si eleva al Tribunal Supremo un expediente para la ilegalización. El alto tribunal es el que, según la Ley de Partidos, tiene la decisión.
Batasuna "nunca se alejará de ETA mientras exista ETA, y esa es una certeza de más de veinticinco años de democracia en el País Vasco", manifestó hoy el presidente del Partido Popular (PP) en el Parlamento del País Vasco y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. El político defendió la ilegalización de Batasuna con el argumento de que la Ley de Partidos "no ilegaliza ideas" pero sí "conductas y comportamientos que no son tolerables en democracia".
Mientras tanto, la prensa española, pese a calificar la ausencia de condena del atentado como un hecho elocuente de las relaciones entre ETA y Batasuna, llamó hoy a la prudencia a la hora de aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar a la formación radical.
"La ausencia de condena por parte de Batasuna (...) es más que elocuente. Sólo cabe interpretarla como una muestra de complicidad política entre los asesinos de la niña seis años y del hombre de 57", escribió el diario "El País" en su editorial, bajo el título "Batasuna no condena".
Sin embargo, "no basta seguramente por sí sola para actuar judicialmente contra Batasuna, pero sí para poner en marcha el reloj de su futura ilegalización", afirmó el rotativo, que calificó la actitud de Rajoy como "políticamente prudente y jurídicamente cautelosa".
Por su parte, el diario "ABC", en un editorial titulado "Camino de la ilegalización", calificó el atentado del domingo como "el primer examen democrático para Batasuna".
"Ese primer paso (...) por sí solo, no es suficiente para poner en marcha el proceso de disolución que prevé la Ley de Partidos, porque esta norma exige que las conductas inconstitucionales sean, además de graves, reiteradas", señaló "ABC".
"No puede permanecer en el juego democrático quien guarda silencio ante el terrorismo, porque frente a la violencia no caben ambigüedades", indicó el rotativo conservador, que sin embargo advirtió de que "las ansias de justicia no deben conducir a la precipitación".
