CARACAS.- Oficiales disidentes solicitaron hoy al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que cese la "persecución" dentro de la Fuerza Armada y detenga la acción de grupos armados adeptos al gobierno, luego que el Tribunal Supremo rechazó enjuiciar a cuatro militares acusados de rebelión por los hechos de abril.
El vicealmirante Héctor Ramírez, uno de los absueltos por el fallo judicial del miércoles, dijo que lo más "sensato" después de la decisión del tribunal es "terminar con la persecución interna en la Fuerza Armada Nacional (FAN) que lo que hace es dividir más".
"Pido que volvamos a la unidad, que estos 200 hombres (oficiales rebeldes) dignos que han luchado, como todos en la FAN, volvamos a nuestros quehaceres institucionales como lo establece la Constitución", añadió en una conferencia de prensa.
El oficial hizo un llamado a la institución castrense a "no dejarse manipular por intereses partidistas" y a seguir actuando en el marco de la Constitución.
Igualmente, Ramírez cuestionó las declaraciones de portavoces del Ejecutivo y del Congreso que incitaron el miércoles a sus partidarios a desconocer la decisión judicial.
"Eso es llamar a la guerra civil, sabemos quienes dirigen los focos de violencia y quienes los controlan y deberían ponerle fin", puntualizó.
Ramírez destacó además que la sentencia judicial "limpió el honor de gran parte de la FAN a la que se quiso culpar de golpista y que lo que hizo fue evitar una matanza mayor".
El también general disidente Luis Camacho, oficial de la Guardia Nacional, exigió al gobierno que retire a sus grupos "tarifados" de las calles para poder tener una "convivencia apegado a las leyes".
"El gobierno debe recoger a su gente y a esos delicuentes dirigidos por diputados oficialistas que estaban cometiendo el delito de agavillamiento, sancionado con penas de haste seis años de prisión", aseveró Camacho.
El militar denunció que el miércoles se volvió a repetir la historia del 11 de abril, cuando presuntos simpatizantes del gobierno desde el puente Llaguno, cercano al palacio presidencial, dispararon contra la fuerza pública.
"Además del grupo tarifado que causaba desórdenes, otro grupo disparaba con armas de fuego desde puente Llaguno como el 11 de abril", expresó.
Camacho señaló que los revoltosos son "pequeños grupos tarifados que no representan a la mayoría de la población", lo que, según dijo, "puso fin al mito de que el pueblo iba a defender al gobierno".
Por su parte, el general Raúl Baduell, quien tuvo una participación clave en el retorno de Chávez al poder el 14 de abril, manifestó que la decisión judicial tenía visos de "supraconstitucionalidad".
"Esa decisión nos coloca en una situación 'dilemática' porque nos preocupa que se adopten sentencias que caen en el terreno de lo supraconstitucional", dijo Baduell, quien no obstante afirmó que acatará el fallo por ser "un soldado apegado a la Constitución y las leyes".
El 11 de abril, una marcha pacífica de la oposición fue atacada a tiros por presuntos simpatizantes de Chávez, dejando 19 muertos y unos 100 heridos.
Los mandos afirman que se negaron a activar un plan militar para enfrentar a los manifestantes, desconociendo una orden del gobernante, antes de anunciar que Chávez había renunciado, lo que dejó paso a un efímero gobierno provisional.
