MADRID.- Los representantes legales de Batasuna, el brazo político de ETA, pidieron hoy a la Audiencia Nacional de España la nulidad de la suspensión de sus actividades que tramita el juez Baltasar Garzón, pero la fiscalía se opuso a la solicitud y afirmó que la medida es indispensable.
El juez Garzón recibió hoy a Jone Goirizelaia, representante legal y miembro de la coalición independentista Batasuna, para escuchar sus alegaciones sobre el inicio del proceso que llevará a la suspensión temporal de las actividades de esa formación.
La abogada, que habitualmente representa a etarras, argumentó que esa posible suspensión es una actuación desproporcionada y planteó la nulidad de la actuación de Garzón al entender que éste carece de competencia para "dictar una resolución de este tipo", informó el el fiscal Jesús Santos al término de la reunión.
La fiscalía de la Audiencia Nacional de España emitió hoy un informe favorable a la suspensión provisional de actividades de Batasuna por su integración en la banda terrorista ETA, así como a la clausura de sus locales para prevenir la continuidad de su actividad delictiva.
La fiscalía, según el informe entregado a Garzón, cita hasta 62 documentos intervenidos por las autoridades policiales españolas que avalan los argumentos en favor de esa decisión, y entre ellos se incluyen actas de reuniones, boletines internos, encuentros clandestinos y relaciones de acciones violentas contra empresas de trabajo temporal.
La representante legal de Batasuna consideró que suspender las actividades de esa formación vulnera derechos fundamentales como el derecho a un juez predeterminado por la Ley y la tutela judicial efectiva, además de que sería una medida "desproporcionada".
Sin embargo, el fiscal Jesús Santos se opuso a la nulidad pedida por la abogada de Batasuna y afirmó que la medida "cumple con todos los presupuestos de legalidad porque tiene perfecta cobertura y encaje legal en los artículos 520 y 129 del Código Penal".
Afirmó que la actuación de Garzón es "proporcional" por cuanto se investigan delitos "muy graves" relativos a la pertenencia e integración en banda armada u organización terrorista y que ya se han agotado otras vías.
"En este momento se hace indispensable -la suspensión de actividades- como complemento de otras medidas cautelares ya acordadas. Con ella se va a tratar de impedir la continuidad y reiteración delictiva así como los efectos de la actividad delictiva", aseguró el fiscal.
El juez Garzón inició el pasado martes los trámites penales para la suspensión temporal de las actividades de Batasuna, el brazo político de ETA, por un período inicial de cinco años.
Además, el juez ordenó el jueves la retención de todas las subvenciones electorales que desde 1980 el Estado español adeuda a Batasuna, que ascienden a 2,6 millones de dólares y que se sumarán al embargo de 24 millones de dólares decidido también por Garzón para cubrir los daños ocasionados por la violencia callejera del entorno de ETA.
Este proceso es el resultado de una investigación iniciada hace cuatro años por Garzón sobre el entramado de organizaciones políticas que apoyan y justifican las acciones de ETA, que en los últimos 30 años ha asesinado a más de 800 personas.
El documento elaborado por la fiscalía consta de 50 folios y en ellos se sostiene que Batasuna (que con anterioridad se hizo llamar Herri Batasuna y Euskal Herritarrok) está integrada en ETA, a la que da apoyo logístico y operativo.
En él se indica que Batasuna se emplea en la desestabilización y la deslegitimación del Estado y permite a ETA supervisar las listas electorales y decidir si se debe participar en los plenos de los ayuntamientos, entre otros asuntos.
En esos documentos, indica la fiscalía, se demuestra que esa formación "forma parte de la organización terrorista ETA como elemento fundamental para aterrorizar a la población y la consecución de sus fines".
