BUENOS AIRES.- El ex Presidente argentino Carlos Menem se negó hoy a declarar ante el juez federal que le investiga por ocultar la existencia de una cuenta bancaria en Suiza en su declaración de bienes al Fisco.
Carlos Menem entregó un escrito que pone en tela de juicio la competencia del juez Norberto Oyarbide, quien le había citado a presentarse hoy a raíz de que la semana pasada el ex Presidente evitó en dos ocasiones esta tramitación judicial.
En su escrito, el ex presidente notificó a Oyarbide que "recién aceptará ser interrogado cuando se sepa quién es el juez y quién es el fiscal de esta causa", informó el fiscal a cargo del caso, Miguel Angel Osorio, a los periodistas.
Oyarbide acusa a Menem de "ocultación maliciosa" de bienes al Fisco, un delito menor, pero el ex presidente ha recusado al juez por considerar que el asunto debe ser investigado por un magistrado del fuero penal económico.
Martín Menem, uno de los sobrinos de Menem, subrayó a los periodistas que el ex Presidente "se presentará las veces que sea necesario para aclarar la situación", pero mantiene su recusación al juez Oyarbide.
Carlos Menem, de 72 años, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, está en plena campaña para ser candidato del gobernante Partido Justicialista (peronista) en las elecciones presidenciales del 30 de marzo próximo.
El ex Presidente evitó ser interrogado la semana pasada bajo las excusas de que no se ha resuelto su recusación contra Oyarbide y que a raíz de la campaña electoral tiene "problemas de agenda" para comparecer ante el juez, que se declaró molesto por esos pretextos.
Hace unos meses, Menem admitió que no informó sobre la propiedad de una cuenta bancaria en Suiza donde tiene depositados unos 650.000 dólares, con lo cual Oyarbide comenzó a investigarlo.
El ex jefe de Estado aclaró que esos fondos provienen de una indemnización que le pagó el Estado argentino en 1984, por haber estado ilegalmente detenido durante el último régimen militar (1976-1983).
Las leyes argentinas castigan la "ocultación maliciosa" de bienes al Fisco con penas de dos a cuatro años de prisión, con lo cual rige el beneficio de excarcelación, aunque el condenado puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.
