CARACAS.— Las mayores organizaciones empresariales y sindicales del país decidieron ampliar al menos otras 24 horas el paro general, demandando que el gobierno del presidente Hugo Chávez acepte ir a elecciones adelantadas o renuncie.
"Continúa el paro cívico nacional para desbloquear los obstáculos que el régimen chavista ha colocado a las negociaciones que buscan lograr una salida electoral que evite un desenlace violento de la crisis venezolana", dijo Carlos Ortega, presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), con más de un millón de afiliados.
Ortega denunció que líderes opositores han sido amenazados y otros cuatro fueron detenidos "arbitrariamente", entre otras acciones que calificó de "provocadoras".
"El presidente Chávez sigue en su actitud terca y arbitraria de no aceptar el llamado a la consulta electoral. Solicitamos al Gobierno que regrese a la mesa de negociación y acuerdo a fin de discutir y acordar de forma inmediata la exigencia constitucional hecha por más de dos millones de venezolanos para una consulta electoral", comentó.
Los crecientes enfrentamientos han debilitado las gestiones de la OEA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter para lograr un acercamiento entre las partes y una salida pacífica a la crisis.
"El paro va a continuar", señaló Ortega. Los organizaciones no han revelado para cuando fijaron el final de la protesta. La continuación o no del paro "va a depender a lo que pueda acontecer el día de mañana (martes)".
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, denunció que las "cúpulas" empresariales y sindicales están promoviendo una "conspiración" para tratar de derrocar al gobierno del presidente Chávez.
"Estos llamados tienen un fondo golpista. Suponemos que la desesperación los empujó a alargar el paro, pero dudo que mañana (martes) los negocios permanezcan cerrados", declaró Cabello a la estatal Venezolana de Televisión.
"Esos señores que están llamando al paro no tienen nada que perder, su prestigio está por el suelo, no tienen ningún tipo de liderazgo y solamente están lanzando una bola para ver quien la agarra", agregó.
"Estamos preparados para que no suceda otro (intento de golpe como el) 11 de abril", comentó Cabello ante el anuncio de posibles protestas callejeras de grupos opositores.
Ortega declinó dar detalles de otras acciones paralelas al paro, pero advirtió que podría convocar protestas callejeras para enfrentar supuesto "terrorismo" gubernamental en contra del paro.
Sin dar detalles, Ortega advirtió a los venezolanos a estar listos para tomar las calles para enfrentar lo que calificó como "acciones terroristas" del gobierno.
La amenaza recordó los sucesos de abril, cuando una huelga general y una marcha multitudinaria acabó en un baño de sangre que precipitó la salida de Chávez del gobierno por 48 horas luego violentos enfrentamientos entre rivales políticos en que murieron baleadas 19 personas y otras 300 resultaron heridas.
El anunció avivó también los temores que se produzcan choques callejeros con adeptos al gobierno, quienes a menudo atacan las marchas y concentraciones de grupos opositores.
El Vicepresidente José Vicente Rangel acusó a Ortega de hacer un llamado "insurreccional" y advirtió que la oposición será la responsable de cualquier incidente violento.
"No se encuentra la justificación para pasar de un paro ’exitoso’, como dicen ellos, a un paro insurreccional", dijo Rangel.
"Hacemos un llamado a la seriedad, a la ponderación de los dirigentes de la oposición para que evitan confrontaciones. No hay ningún hecho de fuerza en las calles que justifique una reacción de ese tipo", agregó. "Podemos asegurar que el orden ha sido absoluto en la república", insistió.
Bajo la custodia de más 20.000 policías y militares, la paralización del lunes es la cuarta protesta de ese tipo que realiza la oposición en contra de Chávez en lo que va de año.
Líderes de la CTV y la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), la mayor agrupación empresarial del país, aseguran que más de un millón de comercios y 3.000 industrias y empresas están paralizadas.
Voceros de ambas organizaciones aseguran que cerca 80% de la población se sumó al paro. Las organizaciones no han revelado para cuando fijaron el final de la protesta.
La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, indicó que el sector petrolero, metalúrgico y eléctrico que generan 81% del producto interno bruto (PIB) del país están funcionando con "normalidad. El paro fracasó".
Alí Rodríguez, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, por su parte, garantizó este lunes el suministro de combustible a nivel nacional y en el extranjero.
Las acciones de la oposición buscan la salida de Chávez, a quien acusan de poner la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias y de querer imponer políticas socialistas, fomentar la división de clases sociales y administrar mal la economía.
La oposición se niega aceptar la propuesta de Chávez de convocar un referendo revocatorio en agosto del 2003, cuando se cumple la mitad del mandato de seis años.
Chávez insiste en mantener cierto control estatal sobre la economía, lo que ha provocado una devaluación de más de 90% en la moneda, una contracción económica del 6,4%, un índice de desempleo del 16,2% y una inflación del 30%.
