KINSHASA.- Quince criminales comunes fueron ejecutados la semana pasada en un cuartel militar a las afueras de Kinshasa y sepultados en un cementerio cercano, confirmaron hoy en los abogados defensores de los encausados.
Los presos fueron sacados del pabellón 2-B de la cárcel central de Makala el pasado lunes 6 de enero y fusilados el mismo día a las 21.00 horas en el cuartel de Mikonga en las proximidades del aeropuerto internacional de Ndjili.
Los familiares de los fusilados que fueron a visitarlos en la prisión al día siguiente fueron informados por responsables del establecimiento penitenciario de que los presos habían sido "transferidos".
La agencia de noticias de las misiones de la Iglesia Católica en Africa (MISNA) citó ayer, lunes, a la organización local pro derechos humanos "La voz de los sin voz", diciendo que los quince presos comunes habían sido fusilados en el mismo cementerio de Ndjili.
Según las fuentes, que citan a su vez a testigos presenciales, los cadáveres fueron "mal sepultados" en una fosa común y podían verse algunas extremidades "aflorando de la tierra".
Fuentes del ministerio congoleño del Interior declinaron confirmar que la ejecución haya tenido lugar.
Los quince habían sido condenados a la pena capital por un tribunal militar de Kinsahsa que los halló culpables de los cargos de asesinato, robos reiterados a mano armada y asociación ilícita.
Según la ley marcial vigente en la RDC, todos estos crímenes son punibles con la pena de muerte y las sentencias, que no pueden ser apeladas, se llevan a cabo dentro de las 48 horas de ser impuestas.
Las autoridades de la cárcel de Makala y la oficina del fiscal general de la corte castrense que impuso las sentencias de muerte afirmaron, por su parte, no tener "confirmación de las ejecuciones".
La ejecución de culpables de delitos comunes es "una mala señal" para el coronel Eddy Kapend y otros 29 condenados recientemente a muerte por el asesinato del presidente Laurent Kabila -padre del actual jefe de Estado congolés, Joseph Kabila-, señalan, entretanto, los abogados defensores de éstos.
En círculos políticos locales se afirma que el joven mandatario congolés afronta un gran "dilema" a causa de las presiones que está recibiendo desde el exterior para que conmute las ejecuciones de los condenados a muerte por penas de prisión perpetua.
Según fuentes próximas a la Presidencia, la conmutación de las penas habría sido exigida por los principales países occidentales, de los que el gobierno de Kabila depende para recibir ayuda financiera para la reconstrucción de la RDC tras cuatro años de guerra.
Desde el pasado día 7, cuando se pronunciaron las sentencias contra Kapend y los otros 29 encausados por el magnicidio, una veintena de ONG, locales, africanas e internacionales han solicitado a Kabila que perdone la vida a quienes asesinaron a su padre.
Por su parte, el Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Viera de Mello, pidió, tras reunirse en Kinshasa con el presidente congolés, que se reabra el proceso a los encausados porque en el juicio original la RDC no cumplió sus obligaciones como signataria del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos.
La principal objeción es la falta de derecho a recurrir las sentencias impuestas por el tribunal, afirmó De Mello, quien llegó el domingo a la RDC y visita hoy el nordeste del país.
