SANTIAGO.- La Justicia procesó y detuvo a un ciudadano peruano por "falso testimonio" en el proceso abierto en el país contra la aerolínea peruana Aerocontinente por el delito de asociación ilícita proveniente del narcotráfico.
La resolución confirmada hoy por el juez Víctor Montiglio que lleva el caso, aunque difundida extraoficialmente ayer, afecta a Luis Enrique Dávila, quien fue procesado el viernes pasado después de que cambiara su testimonio en la causa que afronta Aerocontinente por la acusación que presentó en su contra la Fiscalía.
Dávila, que llegó a Santiago la semana pasada, quedó detenido por haber sostenido ante el magistrado que el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) lo sobornó para que acusará de delitos de narcotráfico al fundador de la aerolínea peruana, Fernando Zeballos.
En enero pasado, la presidenta de Aerocontinente, Lupe Zeballos, declaró en Santiago ante Montiglio que "abogados de la Fiscalía pagaron a testigos falsos la suma de diez mil dólares" y presentó como pruebas declaraciones juradas de Dávila y Purificación Marreros.
Este último ciudadano peruano también fue procesado por el magistrado hace unas semanas, pero logró viajar a Lima antes de ser arrestado, por lo que Montiglio no excluye pedir su extradición a la Justicia de Perú.
De esta manera, según fuentes judiciales, la acusación de la empresa peruana contra la Fiscalía queda sin base, porque los dos testigos citados han tenido diversas contradicciones en sus declaraciones.
Aunque la filial chilena de Aerocontinente dejó de operar en el mercado del transporte aéreo de este país en julio pasado, después de acogiera su quiebra, la compañía peruana afronta desde hace dos años este proceso judicial en el país.
La aerolínea demandó el año pasado al Estado Chileno por más de mil millones de dólares por los supuestos daños que le causó la acusación de lavado de dinero cursada por la Fiscalía y que derivó en el embargo de los bienes de la empresa, el procesamiento y encarcelamiento de cuatro de sus directivos.
Sin embargo, la Corte Suprema suspendió después la acusación al aceptar un recurso de amparo en favor de los detenidos, lo que significó su puesta en libertad y la devolución de la aerolínea a sus dueños, aunque la investigación judicial sigue su curso.
Aerocontinente -cuyos ejecutivos se reunieron en febrero pasado una reunión con autoridades nacionales, para buscar un acuerdo que permita a su compañía volver a operar en Chile- asegura que el daño patrimonial causado a su filial chilena supera los mil millones de dólares.
La filial de Aerocontinente se declaró en quiebra en julio pasado, un mes después de que la Dirección General de Aeronáutica cancelara su autorización para operar en el mercado del transporte aéreo de Chile por "incumplimiento de la normativa aérea".
La intención de la línea aérea es que, en virtud del artículo 8 del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que fue suscrito con Perú en el año 2000, la resolución de la Dirección de Aeronáutica sea revertida y que, en definitiva, Aerocontinente vuelva a operar en Chile.
