BUENOS AIRES.- El gobierno argentino anunció hoy un ambicioso y extenso plan para hacer reformas de fondo en la labor de la Policía Federal, tendientes a combatir la violenta ola delictiva que sacude a Buenos Aires.
El programa, que consta de 40 medidas, incluye la cuadruplicación casi inmediata de los fondos de "caja chica" de las comisarías, medidas para evitar la corrupción policial, y planes concretos para prevenir y combatir el delito en cada jurisdicción con la suma de mil policías más a la calle.
El plan, anunciado hoy por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, impone además un sistema de premios y castigos a las comisarías, una veda alcohólica nocturna y la creación de un cuerpo especial para frenar las barras bravas (grupos de hinchas violentos) en los estadios de fútbol.
Beliz anunció que se dividirá a la ciudad en "siete circunscripciones" o regiones, pero que serán "cada una de las 53 comisarías" las encargadas de manejar su propio presupuesto, realizar un mapa del delito en cada barrio, con la obligación de "hacer público cada 30 días un balance" dinar con el delito común, en la Argentina primero hay que terminar con el delito político", aseguró Beliz al detallar el programa de 40 puntos, algunos de los cuales se pondrán en marcha a partir de la semana próxima, y otros, en el corto y mediano plazo.
El ministro habló ante la plana mayor de la Policía Federal y 500 cadetes que acaban de egresar de la Escuela de Suboficiales de la Policía Federal, a quienes anunció que a partir de la semana próxima deberán salir a la calle con el fin de participar de operativos para prevenir el delito.
El anuncio se efectuó en el marco de una serie de acciones emprendidas por el gobierno nacional en colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital Federal para reducir la violenta ola de delincuencia que castiga en especial a toda la zona metropolitana.
El propio Presidente argentino, Néstor Kirchner, manifestó hace unos días su preocupación por la ola de inseguridad que azota al país y subrayó la existencia de "complicidad de cierta dirigencia institucional y política, de delincuentes que visten o no uniforme", con el delito.
