LIMA.- Los cuatro chilenos presos en Perú desde hace diez años por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el nuevo fallo en su contra, según señalaron en entrevistas publicadas hoy en Lima.
"Lo único que queremos es justicia. Había mucha expectativa en nuestro caso entre todos los presos por terrorismo porque se esperaba un cambio en el sistema judicial. Ahora todos saben que primará la decisión política antes que los argumentos jurídicos", afirmó Jaime Castillo Petruzzi, condenado a 23 años de cárcel.
"¿Qué va a pasar cuando al Corte Interamericana ponga de un lado lo que se dice que nosotros hicimos y la sentencia que se nos acaba de imponer?", se preguntó Castillo Petruzzi, quien, al ser capturado, fue señalado por la Policía como el número tres del MRTA.
Las declaraciones al diario "La República" son las primeras que se conocen desde que la semana pasada una corte los condenara a penas de entre 15 y 23 años tras un segundo juicio exigido por la Corte Interamericana.
En el nuevo proceso, la Sala Nacional de Terrorismo halló culpables a Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga de secuestros y atentados, por lo que les aplicó las penas, ligeramente inferiores a las impuestas en el primer juicio por un tribunal militar.
Los chilenos han apelado ante la Corte Suprema de Justicia, pero, según el líder del cuarteto, no tienen "esperanza de que la situación cambie allí. La decisión política era sentenciar a los chilenos y nos clavaron. Eso es todo", agregó.
"La legislación antiterrorista no ha cambiado, sigue siendo la misma. Se nos condena por declaraciones de arrepentidos que la Corte Interamericana ha dicho que no se pueden utilizar, se insiste en los mismos argumentos que utilizó la dictadura de (Alberto) Fujimori", añadió Castillo Petruzzi al anticipar el fondo del alegato que se llevará ante el organismo internacional.
La Corte Interamericana había pedido un nuevo juicio para los chilenos con el argumento de que no contaron con garantías procesales y que se los condenó por traición a la patria pese a ser extranjeros.
Pero la Sala Nacional de Terrorismo también consideró fundados los cargos, referidos sobre todo a la participación de los chilenos en seis secuestros. De acuerdo a las investigaciones, Castillo Petruzzi, Mellado, Pincheira y Astorga eran los encargados, con diferente grado de responsabilidad, de perpetrar los plagios y mantener a las víctimas en las llamadas "cárceles del pueblo".
Castillo Petruzzi, de acuerdo a esas investigaciones, tenía además puestos de mando en el MRTA, guerrilla autodefinida como guevarista que operó entre 1982 y 1997 y de la que hoy sólo quedan pequeños remanentes aislados en la selva.
Astorga, quien recibió la pena menor entre los cuatro, a quince años, argumenta que no participó en secuestros. Según él, como no pudieron acusarlo de los plagios con pruebas, se le ha acusado de un atentado dinamitero sólo porque tiene cicatrices en una pierna.
Pincheiro, entretanto, reconoce su vinculación con el MRTA, junto a su entonces conviviente Mellado, pero asegura que su participación fue marginal y "sólo durante quince días", por lo que rechaza la pena de 18 años que se le impuso.
Mellado, sentenciado a veinte años, no pudo ser entrevistado por "La República", debido a que fue aislado del grupo por seguridad después de que en su testimonio confirmara el fuerte grado de vinculación de Castillo Petruzzi con el MRTA.
Castillo Petruzzi, que en el nuevo juicio hizo permanentemente la "V" de la victoria y asumió actitudes desafiantes, no niega sus nexos con el MRTA, pero asegura que no hay pruebas.
Según "La República", durante la entrevista dejo entrever que está dispuesto a "aceptar" una pena de hasta veinte años, pero con una reducción para Pincheiro y absolución para Astorga.
Los cuatro chilenos fueron capturados en 1993 después de que una operación policial permitiera el rescate del empresario Raúl Hiraoka, secuestrado en una casa del distrito limeño de San Borja.
El segundo juicio captó la atención porque sectores peruanos temen que algunos miembros de los grupos armados ultraizquierdistas que sembraron la violencia en las dos últimas décadas puedan quedar libres al amparo de los pedidos de la Corte Interamericana.
