CARACAS.- La policía política venezolana allanó un tribunal superior administrativo, algunas de cuyas decisiones han generado airadas críticas del presidente Hugo Chávez.
El Fiscal de Salvaguarda José Benigno Rojas, acompañado de al menos una decena de efectivos de la policía política, DISIP, dijo que se investigaba la "salida irregular" de un expediente de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo.
Sin embargo, algunas fuentes judiciales opinaron que la acción podría ser un "pase de factura" política contra el tribunal, en un hecho sin precedentes en el país petrolero sudamericano, en el que la oposición acusa a Chávez de concentrar y dominar todos los poderes públicos.
"Hemos estado practicando un allanamiento aquí en la sede de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. El Ministerio Público está ahora en un proceso de investigación en relación a un presunto extravío de un expediente", dijo Rojas.
La sede de la corte fue desalojada de casi todo el personal durante el allanamiento, que duró más de cinco horas y que, según Rojas, se hizo con "mucha calma, con mucha paciencia, respetando todos los espacios, respetando las personas, respetando el debido proceso".
En agosto, esa corte con competencia nacional ordenó sustituir con venezolanos a los médicos cubanos que estaban ejerciendo su profesión en barrios pobres de Caracas como parte de un convenio entre Caracas y La Habana, generando la ira de Chávez, quien calificó de bandidos y corruptos a los magistrados que votaron a favor del fallo.
El gobierno venezolano dijo que no acataría esa decisión contra el plan de salud "Barrio Adentro", que emplea alrededor de 400 médicos cubanos, quienes según los opositores a Chávez son activistas políticos que ejercen ilegalmente la profesión.
La corte ordenó también suspender temporalmente los consejos de investigación a algunos de los militares de alto rango involucrados en el breve derrocamiento de Chávez en abril del 2002, y decidió que cuatro trabajadores despedidos por el Estado por haberse unido a un paro opositor de dos meses fueran contratados nuevamente por la firma Petróleos de Venezuela.
El caso que investiga Rojas tiene que ver con la detención la semana pasada del chofer de uno de los magistrados de esa corte, quien habría sacado de forma ilegal un documento público.
El fiscal afirmó que, según la ley, la salida irregular del expediente constituye un hecho punible y que la averiguación pretende determinar los responsables de la acción.
