WASHINGTON.- La Casa Blanca descartó hoy a tres altos funcionarios como posibles responsables de la filtración a la prensa del nombre de una agente secreta de la CIA cuyo marido ha sido muy crítico de la política de EE.UU. en Irak.
La declaración de la Casa Blanca se produce horas antes de que expire hoy a las 17.00 hora local (21.00 GMT) el plazo para que los funcionarios de la Casa Blanca entreguen toda la documentación que pueda ser relevante al caso y declaren todo lo que sepan.
El portavoz del Presidente George W. Bush, Scott McClellan, afirmó hoy que ha hablado con los tres cargos cuyos nombres se han publicado en la prensa como posibles responsables de la filtración.
Se trata del principal asesor político de Bush, Karl Rove; el jefe de gabinete de la vicepresidencia, Lewis Libby, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Elliot Abrams.
Los tres han negado ser la fuente de la filtración, explicó McClellan, quien calificó las informaciones de prensa de "no tener sustancia".
"He hablado con cada uno de ellos por separado. Ni ninguno estuvo implicado en la filtración de información clasificada ni ninguno de ellos dieron su visto bueno", aseguró el portavoz.
Sin embargo, apuntó a la posibilidad de que nunca se descubra al responsable de la filtración: "creo que todos nosotros sabemos que a veces puede ser difícil localizar a fuentes anónimas. Pero déjenme subrayar que nadie tiene más interés en esclarecer este asunto por completo que el presidente de Estados Unidos".
El Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre las circunstancias en que se filtró a la prensa el nombre de la agente de la CIA Valerie Plame.
El marido de Plame, el ex embajador Joseph Wilson, ha acusado al Gobierno de Bush de exagerar la amenaza que representaba Irak para justificar la guerra contra ese país.
Justicia ha pedido a la Casa Blanca que presente toda la documentación relevante al caso, entre ella los listados de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
También ha pedido a la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado que no destruya ninguna información que pueda estar relacionada con el caso.
Según explicó hoy McClellan, una vez que expire el plazo para la entrega de la documentación, los abogados de la Casa Blanca examinarán todos los datos durante unas dos semanas antes de entregarlos al Departamento de Justicia.
