LA PAZ.- El vicepresidente de Bolivia y presidente del Congreso bicameral, Carlos Mesa, rompió este lunes con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en desacuerdo por su manejo de la crisis social, aunque no renunció a su investidura, informó en una conferencia de prensa en su residencia privada.
"No apoyo al gobierno en esta acción, no puedo aceptar como ciudadano ni como hombre de principios que la respuesta sea la muerte ante la presión popular y no creo que el diálogo que ha propuesto el gobierno sea suficiente", manifestó.
Masivas manifestaciones populares contra la exportación de gas natural en condiciones de desvantaja para el país y por la renuncia de Sánchez de Lozada fueron reprimidas fuertemente en El Alto, foco del conflicto, durante los últimos días con un saldo de más de 30 muertos y un centenar de heridos.
Mesa llamó a una reunión de emergencia del Congreso nacional, mayoritariamente oficialista, para que "diga su palabra en un momento como este porque no podemos aceptar que (el parlamento) se quede callado en una circunstancia que el país demanda y que establece también una responsabilidad política".
"Yo no puedo seguir acompañando la posición de gobierno en este momento", manifestó Mesa que asumió junto al presidente Sánchez de Lozada el pasado 6 de agosto de 2002 para un período constitucional de cinco años.
Periodista e historiador, Mesa expresó discrepancia con el gobierno debido a que "la circunstancia tanto de la forma como se está resolviendo el problema en las calles como en cuanto a la limitación de un diálogo, que a mi juicio es absolutamente insuficiente, me impide continuar apoyando la posición del gobierno y del presidente".
En tanto, las protestas continuaban en La Paz y El Alto a pesar de que Sánchez de Lozada anunció la madrugada del lunes que el gobierno no exportará gas natural a nuevos mercados mientras no se realicen consultas y debates sobre el energético con la sociedad civil hasta el próximo 31 de diciembre.
"No se exportará gas natural a nuevos mercados, mientras no se realicen consultas y debates sobre este recurso, debiendo implementarse para el efecto de forma inmediata un proceso de diálogo entre los bolivianos y con las organizaciones de la sociedad civil, consultas y debates que deberán concluir hasta el 31 de diciembre de 2003", según un decreto supremo expedido por el gobierno boliviano.
