BUENOS AIRES.- El Congreso argentino aprobó una ley que prevé un endurecimiento de penas para los integrantes de cualquier fuerza de seguridad que cometan homicidios, robos o hurtos, en el marco de una ofensiva anticorrupción del Gobierno en esas instituciones.
La nueva norma incrementa algunas condenas en un tercio e involucra a la Policía, Prefectura (policía de frontera), Gendarmería y Servicio Penitenciario.
Según la ley, en el caso de que un policía que mate a alguien "abusando de su función o cargo", el hecho será considerado homicidio calificado y tendrá la misma pena que quien asesina a un familiar directo o lo hace por dinero, es decir, prisión o reclusión perpetua.
Al mismo tiempo, todas las formas de robo o hurto tendrán un aumento de un tercio en sus penas mínimas y máximas.
Para fundamentar el proyecto de ley, los legisladores tuvieron en cuenta, entre otros datos, una encuesta que data de julio de 2002 publicada por el matutino Clarín en la que se revela que de todos los integrantes de las fuerzas de seguridad que están presos el 20% está condenado por homicidio y el 18% por delitos contra la propiedad.
El Gobierno del presidente Néstor Kirchner está empeñado en una cruzada contra la corrupción policial, en el marco de una ola de inseguridad que tiene en la periferia de la capital su punto álgido y existen sospechas de complicidad de los uniformados en el amparo del delito.
En los últimos dos años hubo dos causas con policías involucrados en homicidios que tuvieron una enorme repercusión pública. Uno de ellos fue el asesinato de tres adolescentes en diciembre de 2001 por el cual cumple prisión perpetua el policía Juan de Dios Velaztiqui.
El otro caso ocurrió en setiembre de 2002 cuando un joven murió ahogado luego de ser obligado a tirarse desde un puente a las aguas de un arroyo por agentes de la policía Federal. Por este hecho están acusados nueve policías que serán sometidos a juicio oral.
Además, se sospecha de la participación policial en sonados casos de secuestros cometidos en la periferia de Buenos Aires, mientras que las autoridades separaron de sus cargos a numerosos comisarios investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.