BOGOTA.- Unos 800 paramilitares de extrema derecha se desmovilizarán el próximo 25 de noviembre, en el inicio formal del proceso de desarme de unos 13.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), anunció este jueves el gobierno.
"La entrega de armas, desmovilización e inicio del proceso de reincorporación se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2003", señalaron en un comunicado el alto comisionado para la paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, y los alcaldes saliente y entrante de la ciudad de Medellín, Luis Pérez y Sergio Fajardo.
Según se informó, los 800 paramilitares pertenecen al Bloque Cacique Nutibara de las AUC, que opera en el noroccidental departamento de Antioquia, del que Medellín es capital.
"La oficina del alto comisionado para la paz asume la responsabilidad en la dirección del proceso de desmovilización y reincorporación del Bloque Cacique Nutibara, dentro del marco de negociaciones que el gobierno adelanta con las AUC", subrayó la nota.
Los combatientes se concentrarían en zonas de seguridad localizadas en las afueras de esa ciudad, 400 Km. al noroeste de Bogotá, según habían anticipado las autoridades de Medellín.
"La alcaldía de Medellín se compromete con el gobierno en la búsqueda de opciones y oportunidades que lleven a las personas desmovilizadas a un exitoso retorno a la vida civil", añadió el comunicado, de tres puntos.
Según el acuerdo, Restrepo y las autoridades locales de Medellín harán público en los próximos días los programas que se llevarán a cabo durante el primer año de la desmovilización, y en los cuales detallarán las entidades que colaborarán en el proceso y los costos del mismo.
Como parte del proceso de desmovilización, las AUC entregaron este jueves a las autoridades de Medellín a 48 menores de edad que hacían parte de sus filas y que, en primera instancia, serán atendidos por representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En enero pasado y luego de que pusieron en vigor un cese de fuego el primero de diciembre, las AUC -que reúnen al 70% de los paramilitares de Colombia- iniciaron negociaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
En el marco de esos diálogos, el gobierno anunció el pasado 15 de julio que las AUC se comprometieron a desmovilizar a sus 13.000 combatientes antes del 31 de diciembre de 2005.
En esas negociaciones no participaron algunas facciones paramilitares como el Bloque Central Bolívar, que luego aceptó dialogar por separado y el sábado pasado anunció que aceptaba también iniciar su desmovilización y formar parte de una sola negociación de paz de esos grupos de extrema derecha.
Ese anuncio fue hecho tras una reunión de Restrepo con los jefes paramilitares de los bloques Central Bolívar y Vencedores de Arauca, celebrada ese mismo sábado en las montañas del departamento de Caldas (centro-oeste).
Con los miembros de esos dos bloques, el alto comisionado de paz calcula que la desmovilización abarcaría a unos 20.000 paramilitares, enemigos a muerte de la insurgencia.
El gobierno promueve en el Congreso un polémico proyecto de ley que concede la libertad condicional a los combatientes ilegales que se desmovilicen, incluso los acusados de delitos atroces.
La iniciativa es férreamente criticado por organismos de derechos humanos colombianos e internacionales, incluso de las Naciones Unidas, porque consideran que abre la puerta a la impunidad.
Tres jefes paramilitares, incluidos los comandantes político y militar de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, fueron pedidos en extradición por Washington en septiembre de 2002 por narcotráfico.
