BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino dijo hoy que mantiene su decisión de "no reprimir" las protestas callejeras y criticó la actuación de autoridades provinciales durante una manifestación en el sur del país que terminó con decenas de heridos.
Tras los graves disturbios ocurridos ayer, martes, en Neuquén, donde anoche también se registraron saqueos a comercios, hoy se realizaron concentraciones de repudio a la represión policial tanto en esa provincia sureña como en Buenos Aires.
El estallido de violencia se produjo en medio de la polémica entre el Gobierno y las organizaciones de desempleados más radicalizadas por las manifestaciones y bloqueos de tránsito que éstas realizan prácticamente a diario en distintas zonas del país.
"Tenemos por vocación no reprimir, es el peor de los caminos y se vio en el caso de Neuquén, que no morigera el conflicto sino que lo agrava. Creemos que hay que atacar las causas y estamos abocados a ese tema", aseguró el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
El alto funcionario confirmó que en los incidentes registrados en la capital de Neuquén, 1.160 kilómetros al sur de Buenos Aires, hubo cinco heridos por proyectiles de plomo, "tres de los cuales recibieron disparos en el tórax con armas calibre 22".
"Todos están fuera de peligro", aclaró Fernández, para luego señalar que anoche el Ejecutivo reclamó a las autoridades provinciales "que terminaran con la represión y se pueda encauzar este asunto por la vía de una discusión con más criterio".
Los desmanes del martes se produjeron en una protesta de beneficiarios del subsidio estatal para jefes de familia sin empleo que se oponen a que en Neuquén haya un sistema de pago mediante tarjetas bancarias y para ello se realice un nuevo empadronamiento.
La policía disparó proyectiles de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los desocupados, que respondieron arrojando palos y piedras en las inmediaciones de un estadio en el que se realizaba la inscripción de beneficiarios.
Los enfrentamientos recrudecieron con el correr de las horas en distintos barrios de la capital provincial, en cuyos hospitales fueron atendidas al menos 30 personas con lesiones de distinta consideración, incluidos los heridos por balas de plomo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, advirtió que "la violencia no es el camino" para responder las demandas de la población y atribuyó la responsabilidad del accionar policial al gobierno de Neuquén.
En cambio, el jefe de gabinete de esa provincia, José Brillo, culpó por los desmanes a las agrupaciones de desempleados y los sindicatos locales y dijo que el objetivo de las autoridades era "depurar" la entrega de subsidios para evitar irregularidades.
"Hubo una invasión y un ataque de estas organizaciones, al que después se sumaron los sindicatos. Lo llamativo es que había como cien personas tirando piedras y, por otro lado, una fila de 300 personas para empadronarse", declaró por Radio 10.
Brillo habló de una "agresión desproporcionada" de los manifestantes y detalló que "luego siguieron los saqueos de comercios, donde la policía actuó en defensa de la vida y de la seguridad de las personas".
El plan de asistencia a los desocupados que financia el gobierno de esa provincia comprende a 25.000 personas que perciben mensualmente 150 pesos (51 dólares), el mismo monto que el subsidio que el Estado nacional distribuye entre 1,8 millones familias de todo el país.
