LA PAZ.- El ex ministro de Gobierno boliviano Yerko Kukoc, acusado de apoderarse de más de 200.000 dólares de fondos públicos en medio de la convulsión social que condujo a la caída del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se entregó hoy a la Policía que lo tenía cercado desde hace ya una semana.
Familiares de Kokuc indicaron que éste se cansó de la presión que significaba que la Policía permaneciera en la puerta de su casa a la espera de que un juez dictara una orden de allanamiento que permitiera hacer efectiva una orden de aprehensión expedida por la Fiscalía.
El ex ministro quedó en la mira de las autoridades después de que hace mes y medio se encontraran más de 200.000 dólares en efectivo, entre bolivianos y moneda estadounidense, en la casa de un amigo suyo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las investigaciones determinaron que el dinero pertenecía a los gastos reservados del Estado y había sido extraído de las bóvedas del Banco Central.
En la noche del domingo 12 de octubre pasado, cuando La Paz estaba convulsionada por la revuelta popular que cinco días después obligó a Sánchez de Lozada a renunciar, Kukoc apareció en el Banco Central y sacó el dinero para, según él, utilizarlo en la solución de la crisis.
Los defensores del ex ministro aseguran que éste no pretendía quedarse con el dinero y que prueba de ello es que supuestamente le reportó a la Contraloría que contaba con esa suma.
Tras más de un mes en la clandestinidad y en medio de suspicacias por la actuación de la Policía y el Poder Judicial en el caso, Kukoc fue ubicado hace una semana en una lujosa casa de Santa Cruz de la Sierra, pero la negativa del juez Sergio Cardona a expedir la orden de allanamiento impedía su detención.
La Fiscalía plantea contra el ex ministro cargos de hurto y peculado que podrían depararle hasta cinco años de prisión.
Kukoc, militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario y una de las figuras básicas en el gobierno de Sánchez de Lozada, se ha convertido en un símbolo de la corrupción que supuestamente imperó en esa administración.
La Fiscalía también ha planteado cargos contra él por la represión en octubre, que dejó unos 56 muertos, aunque éste caso está más atrasado.
