LA PAZ.- Sectores políticos, sociales y de derechos humanos de Bolivia coincidieron hoy en pedir que el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sea sometido a juicio y castigado por la muerte de por lo menos 56 personas durante la represión a las movilizaciones populares de octubre pasado.
La demanda se reactivó después de que el ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc, también involucrado en los hechos, quedara este jueves en manos de la justicia por un presunto caso de corrupción.
"El asesino Sánchez de Lozada debe estar en la cárcel junto a (el ex dictador Luis) García Mesa", afirmó el líder regional de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, uno de los principales protagonistas de los sucesos de octubre que condujeron a la renuncia del jefe de Estado.
El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, también insistió en la necesidad de castigo y denunció la existencia de un "pacto de silencio" entre los "partidos tradicionales" para salvar a Sánchez de Lozada, quien vive en Estados Unidos desde que dejó el poder.
En la misma vía se pronunció el analista de izquierdas Alvaro García Licera, que consideró muy difícil que con la fuerte presencia en el Congreso del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y sus eventuales aliados Nueva Fuerza Democrática y Movimiento de Izquierda Revolucionaria se puedan alcanzar los dos tercios que se requieren para procesar a un ex mandatario.
Para García Liceras, se debe actuar con mucho tino y no incluir a demasiadas personas en las acusaciones, sino concentrarse en las principales, que podrían ser Sánchez de Lozada y su "mano derecha", el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, también radicado en Estados Unidos.
Portavoces del partido de Sánchez de Lozada, el MNR, han dicho entretanto que de celebrarse un juicio por lo de octubre debe incluir a quienes organizaron las movilizaciones populares.
"Si hay juicio, también debe ser para el diputado Evo Morales y la gente del MAS (Movimiento Al Socialismo). Ellos fueron parte de los levantamientos y de los actos vandálicos que sucedieron en octubre, incluso financiados por organismos internacionales", dijo la parlamentaria Roxana Sandoval.
Kukoc, que como ministro de Gobierno tuvo que ver en la represión de octubre, está desde la víspera en manos de la Policía en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, pues se le acusa de haberse apoderado de por lo menos 200.000 dólares extraidos de las bóvedas del Banco Central en plena revuelta.
