BUENOS AIRES.- El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral sometió a proceso a dos ex senadores, un ex jefe de los servicios de inteligencia del Estado y un ex funcionario legislativo por el presunto pago de sobornos en el Senado en 2000, para lograr la aprobación de la ley de reforma laboral.
Los imputados son los ex legisladores José Genoud, de la entonces oficialista Unión Cívica Radical (UCR), y Emilio Cantarero, del entonces opositor Partido Justicialista (PJ, peronista); el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando de Santibáñes; y el arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
Según los medios de prensa locales, el juez les atribuyó el delito de cohecho y les impuso embargos de 10 millones de pesos cada uno (unos 3,5 millones de dólares) sobre sus bienes, por su presunta responsabilidad en el pago de sobornos por cinco millones de dólares en abril del año 2000.
La causa se actualizó en diciembre pasado cuando Pontaquarto se presentó ante la Justicia y ante el semanario argentino "TXT" para denunciar que, por órdenes del gobierno de Fernando de la Rúa, entregó cinco millones de dólares al entonces senador peronista Emilio Cantarero.
El parlamentario supuestamente se encargó de distribuir los fondos entre varios colegas como sobornos para que se aprobara la controvertida ley de reforma laboral, aún vigente.
Ayer jueves, el ex presidente de la Rúa reclamó que se investigue la participación del actual gobierno en la denuncia que volvió a destapar el escándalo, porque aseguró que el arrepentido Mario Pontaquarto hizos sus revelaciones "luego de una larga preparación con el gobierno".
"Después de dos meses de diálogo y contención con la periodista (Fernanda) Villosio, de la revista ’TXT’, (Pontaquarto) lleva al gobierno su voluntad de declarar, a la prensa y a los tribunales, sobre los hechos del Senado. Tiene preparación y tratativas con el jefe de Gabinete (Alberto Fernández)", destacó De la Rúa, en una nota.
Los delitos por los cuales se procesó hoy a cuatro imputados tienen penas de hasta seis años de cárcel.
Con sus declaraciones a la prensa y a la Justicia en diciembre pasado, Pontaquarto no solamente se autoimplicó en el caso, sino que también comprometió al propio De la Rúa y a su entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, además de a varios lesladores.
El escándalo del presunto pago de coimas tomó estado público hace más de tres años. Aunque todos los denunciados en ese momento como implicados quedaron a salvo del proceso judicial por falta de pruebas, el tema derivó a la postre en la caída del gobierno de la Alianza.
En octubre de 2000, el entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez presentó su renuncia a raíz del caso. Esto precipitó un quiebre en el gobierno de De la Rúa, que en diciembre de 2001 dimitió en el marco de la peor crisis económica y social de la historia argentina.
