LA PAZ.— El Gobierno boliviano admitió finalmente el sábado que un grupo irregular tenía planeado tomar violentamente el Congreso nacional el 20 de enero, y dio la razón al presidente de ese cuerpo, quien fue el primero en denunciarlo.
En un escueto comunicado, publicado en espacios reducidos y de menor importancia, el Ministerio de Gobierno informó que "durante la segunda semana del mes en curso los servicios de seguridad del estado detectaron un plan para la toma violenta de las instalaciones del Congreso y el cierre del Parlamento por parte de un grupo irregular".
Señala que la acción iba a ser perpetrada "por personas pertenecientes a distintas agrupaciones diplomáticas", pero no revela nombres ni de las personas, ni de los grupos.
El presidente del Congreso, el senador Hormando Vaca Díez, había acusado el miércoles a agrupaciones paramilitares de intentar el asalto del Congreso e identificó al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, como uno de los principales "alentadores extremistas".
Solares, quien enfrenta acusaciones de haber servido como paramilitar a las dictaduras militares de ultraderecha en los 70 y 80 y ahora se declara marxista, insiste desde hace un mes en el cierre del Congreso, porque supuestamente no responde a los intereses de los bolivianos.
Vaca Díez dijo el miércoles que el gobierno guardó inexplicablemente la información, por lo que dijo que pediría la comparecencia de los ministros que debieron informar a los legisladores el riesgo que corrían, en especial al ministro de Gobierno (Interior), Alfonso Ferrufino.
El funcionario, sin embargo, respondió que su cartera sólo contaba con algunos indicios, que no era concluyente.
No obstante, en el comunicado reconoció finalmente que Vaca Díez tenía razón en sus denuncias. En otras ocasiones, donde los temas tratados eran de menor importancia, Ferrufino convocó a ruedas de prensa para informar.
Vaca Díez fue duramente cuestionado por algunos dirigentes políticos, quienes lo acusaron de hacer correr la versión con el fin de desestabilizar al gobierno, pues el es el llamado constitucionalmente a asumir la Presidencia si el actual mandatario, Carlos Mesa, renuncia.
Las críticas se intensificaron después de que el jueves, Vaca Díez aceptó la modificación de la agenda del Congreso para dar paso a una votación, que autorizó al senador a que en caso de riesgo para sesionar en La Paz, convocara al Legislativo a reunirse en cualquier parte del país.
Instituciones cívicas lo declararon "antipaceño" y amenazaron con realizar a partir de la próxima semana protestas para que la resolución sea revocada.
El comunicado señala que la información proporcionada por Vaca Díez "coincide plenamente con la que disponían los organismos de seguridad del estado".
Sostiene que "la acción (la toma), que debía ejecutarse el 20 de enero, fue neutralizada al tomarse las previsiones debidas", sobre las cuales el documento no da cuenta.
