LIMA.- El ex ministro de Justicia del Perú Fernando Olivera, presuntamente implicado en negociaciones con un personaje de la mafia fujimontesinista, denunció hoy que existe una conspiración para derrocar al gobierno de Alejandro Toledo.
El también embajador del Perú en España, acompañado por su bancada parlamentaria, señaló que el Partido Aprista Peruano (PAP) estaría vinculado con el plan desestabilizador, cuyo objetivo final es adelantar los comicios generales.
Olivera, quien retornó la noche del sábado al país, es sindicado como el personaje que autorizó las negociaciones entre César Almeyda, hombre de confianza de Toledo, y el fallecido general Oscar Villanueva, "cajero" del ex jefe de inteligencia de Alberto Fujimori Vladimiro Montesinos en 2001.
Almeyda refirió, en declaraciones a un diario, que el ex ministro estaba al tanto de esas conversaciones que versaron sobre el otorgamiento de favores judiciales a Villanueva, incluyendo la "compra" de magistrados, a cambio de valiosa documentación sobre personajes ligados a la corrupción del régimen de Fujimori.
Sin embargo, el amigo del Presidente rectificó su versión días después. Olivera también ha negado haber estado al tanto de esas negociaciones.
"Estamos viendo que existe una conspiración planificada para derrocar al régimen democrático que felizmente está siendo combatida con firmeza, con verdad, con moralidad y justicia", indicó el ex ministro.
Olivera sostuvo que el plan desestabilizador se inició a fines del 2003 cuando la encuestadora IDICE (según el embajador ligada al PAP) publicaba que la popularidad del presidente Toledo era menor al diez por ciento. Agregó luego que el 30 de diciembre el líder aprista Alan García proclamó la necesidad de adelantar las elecciones generales.
A partir de la denuncia periodística del caso Almeyda-Villanueva se desató una fuerte crisis en el gobierno por la posibilidad de que las altas esferas del Ejecutivo hayan participado de las ilícitas negociaciones.
El Mandatario, en un mensaje dirigido anoche a la nación, señaló que el Gobierno desconocía esas conversaciones y lo atribuyó a un hecho aislado.
