BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, salió hoy al paso a las denuncias de corrupción que sacuden a su gobierno, garantizó que serán investigadas a fondo y anunció que prohibirá los bingos en todo el país.
Los juegos de azar, como los bingos y las loterías, son el eje de denuncias que desde hace una semana salpican a un ex funcionario de la Presidencia y que hoy se extendieron hasta alcanzar a un actual ministro y a otros dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Lula dijo que la prohibición se extenderá "hasta encontrar una solución definitiva" para esta actividad.
En su primera alusión pública al escándalo, que ha derrumbado en los últimos días a los mercados financieros brasileños, Lula afirmó hoy que "no habrá ningún indicio de denuncia sobre ilícitos en este gobierno que no
sea investigado a fondo y hasta el fin".
En Brasil están registradas cerca de 1.100 casas de bingo, que generan 330.000 empleos, según cifras de la asociación brasileña del sector.
El presidente se refirió al asunto durante la inauguración de una nueva línea de montaje de una empresa de Caxias do Sul, una pujante ciudad del sureño estado de Río Grande do Sul, donde precisamente se originaron las nuevas denuncias aparecidas hoy en la revista "Veja.
La acusaciónes apuntan al entonces subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, quien extorsionó hace dos años a un "capo" del juego ilegal con el fin de lograr fondos para la campaña del candidato del PT a la gobernación de Brasilia.
La oposición se ha valido de estas denuncias para pedir la apertura de una investigación parlamentaria sobre la presunta corrupción en el gobierno y exigir la dimisión del ministro de la Casa Civil, José Dirceu, considerado el "brazo derecho" de Lula, amigo y antiguo jefe de Diniz.
El escándalo ha surgido además en medio de las articulaciones políticas de los partidos de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en octubre próximo, un detalle que la oposición, según analistas políticos, no dejará de aprovechar.
El Gobierno ha insistido en que los hechos denunciados ocurrieron en 2002, antes de que Lula asumiera la presidencia -el 1 enero de 2003-, y que no existen acusaciones de corrupción contra la actual administración.
Los partidos que apoyan el Gobierno cerraron filas en defensa de Dirceu, pero la oposición insistió hoy en que debe renunciar.
