BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino intervendrá en los próximos días a la provincia de Santiago del Estero, uno de los distritos más pobres del país y que vive una profunda crisis institucional por denuncias de corrupción y asesinato.
La medida fue dispuesta por el presidente Néstor Kirchner, que esta semana enviará un pedido al Congreso para intervenir por 180 días los tres poderes --Legislativo, Judicial y Ejecutivo-- de ese distrito, anunció el domingo el Ministro de Interior, Aníbal Fernández.
La intervención federal solicitada por Kirchner deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, tal cual lo fija la Constitución.
Una vez que cuente con el aval parlamentario, el gobierno deberá designar a un interventor para que asuma el control de la provincia.
La crisis institucional en Santiago del Estero, ubicada a unos 1.152 kilómetros al norte de Buenos Aires, comenzó a principios del año pasado con el brutal asesinato de dos mujeres, en el que se comprobó que estaban involucrados policías y funcionarios del gobierno provincial.
Santiago del Estero es gobernada por Nina Juárez de Aragonés, esposa del caudillo peronista Carlos Juárez, que la precedió en el cargo durante 50 años.
Patricia Villalba, luego de ser torturada, fue asesinada en febrero de 2003 presuntamente por tener conocimiento de las circunstancias en que había muerto días antes una amiga suya, Leila Bashier Nazar, víctima de una sobredosis de droga durante una fiesta nocturna celebrada con hijos de altos funcionarios del gobierno provincial.
Ese doble crimen desnudó los turbios manejos del poder en ese distrito, como por ejemplo una red de espionaje a opositores --entre ellos periodistas y sacerdotes-- montada por el propio "régimen juarista", según las denuncias.
También se denunciaron arbitrariedades, detenciones ilegales y hasta asesinatos que la justicia, controlada por el gobernador, invariablemente desestimaba.
En tanto que la gobernadora Aragonés está acusada por malversación de fondos públicos por unos 200.000 dólares, ya que habría cobrado una jubilación en forma simultánea con su sueldo de funcionaria provincial; y por la presunta instigación del ataque a la casa de un diputado opositor.
Sobre ella pesa un pedido de desafuero en la legislatura provincial, que hasta el momento no prosperó.
