LA PAZ.- Mineros desempleados y sin jubilación amenazaron el miércoles con nuevos "sacrificios" tras la dramática inmolación de uno de ellos ayer en la sede del Congreso de Bolivia.
"Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, uno a uno o de manera colectiva", declaró a periodistas el presidente de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros, Félix Condarco.
El dirigente anunció que 2.500 mineros sin trabajo o jubilación se concentrarán en las próximas horas en La Paz para protestar por la falta de atención oficial a los trámites y pagos de sus pensiones.
El minero desocupado Eustaquio Picachuri se inmoló el martes en un vestíbulo del palacio Legislativo de Bolivia al detonar una carga con ocho cartuchos de dinamita que llevaba amarrada al cuerpo.
La explosión en que pereció el ex trabajador provocó también la muerte del teniente coronel Marvel Flores, comandante de seguridad policial en el Congreso, que negociaba infructuosamente con el suicida; y del cabo René Amurrio, un bombero de patrullas policiales desplazadas al lugar, en un acceso lateral de la sede legislativa.
Otros 10 policías, entre ellos el Director Nacional de Inteligencia, coronel Juan Carlos Saa, seis oficiales y tres bomberos, resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad.
"No soy asesino, no soy terrorista, pero estoy decidido a morir (...) sólo quiero que me traigan mi plata", exclamó Picachuri repetidamente antes de sorprender a sus interlocutores uniformados y detonar los explosivos, según versiones periodísticas.
Picachuri, de 47 años y padre de siete hijos (tres de ellos fallecidos cuando niños), fue retirado en 1992 de su fuente laboral en el distrito minero de siglo XX que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) controla a unos 350 kilómetros al sur de La Paz.
El ex trabajador pretendía desde hace siete años obtener la devolución de sus aportes al sistema de pensiones o la aprobación de su jubilación.
"Las autoridades se hicieron la burla de él durante todos estos años", dijo a reporteros de televisión, en llanto, su hija mayor, Severina.
La inmolación del minero desocupado no tuvo ninguna "connotación política" contra la estabilidad institucional del país, afirmó el martes el presidente Carlos Mesa.
El Gobierno del ex vicepresidente Mesa surgió en octubre de una revuelta popular que derribó al entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, tras dos semanas de violencia callejera que dejaron unos 70 muertos y 200 heridos.
Mesa, un político independiente que conformó un frágil gobierno apartidista y sin sustentación parlamentaria, enfrenta crecientes presiones de sectores sociales descontentos a raíz del agravamiento de la crisis económica que agobia al país.
El Mandatario instruyó, sin embargo, un inmediato diálogo con los mineros sin jubilación.
Unos 35.000 ex trabajadores bolivianos tramitan penosamente su jubilación y protestan intermitentemente contra un entrabado y burocrático sistema de pensiones, reformado en 1996.
Paramilitares con nexos sindicales fueron identificados en enero por el gobierno de Mesa como impulsores de un abortado plan para ocupar armadamente la sede del Congreso boliviano con propósitos antidemocráticos.
En un segundo episodio adverso a las actividades legislativas, una falsa alarma sobre la existencia de bombas forzó el 5 de febrero la evacuación del edificio del Congreso, contiguo al palacio gubernamental de Bolivia, en la plaza Murillo, la principal de La Paz.
