BUENOS AIRES.-La Argentina formalizó hoy el pedido a Chile de extradición de Carlos Menem solicitado por el juez federal Jorge Urso, con lo que la suerte del ex mandatario depende ahora de la justicia trasandina, que debe decidir si existen razones para enviarlo a Buenos Aires.
Según se informó, el pedido de extradición solicitado por Urso fue enviado esta mañana "vía valija diplomática" en un avión de Aerolíneas Argentinas hacia Santiago, y debe llegar a la Cancillería chilena, desde donde será remitido al Tribunal Superior de Justicia.
El pedido de extradición llegó a la embajada argentina en la capital chilena, y, desde allí, debe ser remitido a la Cancillería de ese país, un trámite que aún no se cumplió y que en la sede diplomática trasandina estimaron que se realizaría mañana a primera hora.
El 21 de abril el juez Urso pidió a Interpol la captura internacional de Menem y había remitido a la Cancillería un pedido de extradición del ex presidente, con residencia en Chile.
En tanto, desde el gobierno trasandino ya adelantaron que darán curso normal al planteo del magistrado argentino y que no le otorgarán asilo político a Menem, en caso de que el ex presidente lo solicite.
La orden de captura internacional enviada a Interpol significa que Menem será detenido por ese cuerpo si traspasa las fronteras chilenas.
En tanto, el pedido de extradición solicitado a Chile implica la apertura de un proceso judicial en el que la determinación de detener o dejar en libertad al ex presidente será de la Justicia trasandina.
Explicaciones de Urso
Junto con el pedido de extradición, según informaron fuentes judiciales, el juez envió un exhorto en el que se detallan las imputaciones a Menem, la prueba en su contra y las partes que intervienen en el proceso, es decir, el fiscal y los defensores.
Urso explicó en su resolución que el pedido se encuentra basado en la Ley 24.767 -sobre la cooperación entre Estados en materia penal- y el Tratado Interamericano sobre Extradiciones.
Urso ordenó la detención internacional de Menem en una causa por "administración fraudulenta", a raíz del supuesto pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles en el conurbano bonaerense.
