LA PAZ.- Unos 4.000 campesinos de origen guaraní tomaron hoy los yacimientos petroleros de Plus Petrol y Repsol YPF, en el sur de Bolivia, exigiendo la derogación de la Ley de Hidrocarburos.
Sin embargo, esta noche la responsable de la Unidad de Comunicación del Gobierno, Sandra Aliaga, desmintió la información de la ocupación.
Basada sobre "informes" de los efectivos militares acantonados en la zona, Aliaga dijo que las ocupaciones de los campos petroleros "no se produjeron".
Pese a la desmentida, la mayoría de las emisoras de radio y TV dijeron que la ocupación fue decidida por una asamblea de las 24 capitanías que forman parte del Pueblo Guaraní, que le exige al gobierno del presidente Carlos Mesa "recuperar el gas para los bolivianos, como estrategia de desarrollo y soberanía del pueblo".
Los yacimientos ocupados están ubicados en las poblaciones de Villamontes, Monteagudo, Camiri y Yacuiba, en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, en la región sur de Bolivia.
Pluspetrol es una compañía argentina. En la conformación societaria de Repsol-YPF hay capitales argentinos y españoles.
El Pueblo Guaraní radica fundamentalmente en la región del Chaco boliviano, fronterizo con Paraguay y la Argentina.
Una resolución de esa Asamblea pide "derogar la ley de hidrocarburos y la aprobación de una nueva ley que se oriente al desarrollo integral del sector hidrocarburífero, al desarrollo humano sostenible y en beneficio de todos los bolivianos".
Otro punto del documento rechaza "la participación de las empresas petroleras en la formulación y reformación de normas y reglamentos del sector hidrocarburífero y actividades petroleras, ya que convocar al sector interesado viola los principios de soberanía y dignidad nacional".
Carlos Alberto López, asesor de la Cámara de Hidrocarburos, advirtió aquí que la ocupación, si bien fue pacífica, pone en riesgo los yacimientos, ante la posibilidad de que, como medida de presión, decidan cerrar las válvulas de los ductos de exportación.
"Las petroleras han estado flexibles a las demandas del gobierno boliviano desde el principio, en respuesta y consideración a la situación económica del país, para considerar la posibilidad de ajustes, siempre y cuando con esos elementos no se esté matando al sector", dijo López.
Los sindicatos y las organizaciones campesinas exigen que la nueva ley de hidrocarburos revierta al Estado los yacimientos otorgados en concesión a las empresas extranjeras y que se les eleve las regalías e impuestos del 18 al 50 por ciento.
"Las regalías que pagan las empresas actualmente, del 18 por ciento, son sustancialmente más altas que las que se paga en otros países: brasil el 10 por ciento, Argentina 12 por ciento y Perú 5,6 por ciento", dijo sin embargo López.
Las petroleras argumentan haber invertido 3.500 millones de dólares en exploración, producción y transporte, gracias a lo cual Bolivia "multiplicó por diez sus reservas de petróleo y condensado", según un comunicado de la Cámara de Hidrocarburos.
Frente a las demandas sociales, el Gobierno presentó ya al Congreso un proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos que busca aumentar los impuestos, en forma gradual, de 10 al 32 por ciento en diez años para que, sumado ese porcentaje a las regalías que pagan, se llegue al 50 por ciento.
