LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, se reunió hoy con los principales jefes de las Fuerzas Armadas, poco después de que la institución castrense solicitara al Tribunal Constitucional una enmienda al fallo que ordenó el procesamiento de cuatro militares.
La reunión se efectuó en el Círculo de Oficiales del Ejército, en el barrio residencial de Calacoto, donde el mandatario compartió un almuerzo con el comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda, los jefes del Ejército, Naval y Fuerza Aérea y los comandantes de las diez grandes unidades castrenses.
Las Fuerzas Armadas bolivianas se oponen a que 4 militares sean procesados en un tribunal civil por su presunta participación en la muerte de, al menos, dos personas, una de ellas una enfermera, en los sucesos del 13 de febrero de 2003, cuando las tropas sofocaron una sublevación contra el Gobierno.
La decisión del Tribunal Constitucional, dictada el viernes pasado, generó la inquietud militar que los llevó hasta el Palacio de Gobierno, donde ingresaron a una reunión con el Jefe de Estado que duró más de tres horas.
Mesa almorzó con hoy con los jefes castrenses para conocer una nueva evaluación del fallo del alto tribunal.
Eduardo Ugarte, portavoz del Comando en Jefe, dijo a EFE que la institución no ha decidido todavía emitir un nuevo comunicado y que, probablemente, lo hará en las próximas horas.
El sábado pasado, las Fuerzas Armadas rechazaron el dictamen del Tribunal Constitucional y advirtieron que, en el futuro, podrían desoír una orden del Ejecutivo para garantizar la estabilidad del régimen democrático, como lo hicieron el año pasado.
Ugarte también explicó que el almirante Aranda convocó a los comandantes de las grandes unidades para explicarles los alcances de la decisión del tribunal y analizar las acciones legales que podrían plantearse
Por su parte, Gonzalo Valenzuela, asesor legal de la institución castrense, confirmó a periodistas haber presentado el sábado al Tribunal Constitucional un recurso de ’’enmienda y complementación’’ al fallo dictado contra los cuatro oficiales sindicados por la Fiscalía.
La petición plantea que los oficiales acusados no conocieron la demanda constitucional y, por tanto, no fueron escuchados, por lo que "se vulneraron sus derechos fundamentales a la defensa y la presunción de la inocencia".
Valenzuela insistió en que los cuatro militares no se encontraban en el lugar de los luctuosos acontecimientos, como lo muestra un vídeo presentado como prueba por los abogados de la familia de la enfermera, de donde se presume que se efectuaron los disparos fatales.
El nuevo frente de conflicto del presidente Mesa podría complicarse en caso de concretarse el anuncio del legislador Carlos Alberto Nacif, secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que pedirá un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional.
El parlamentario, del Movimiento Nacionalista Revolucionario del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, señaló que los militares "cumplieron órdenes del gobierno", para defender la Constitución y declaró su temor de que el fallo "haya sido políticamente influenciado".
La determinación judicial y el rechazo militar abrió en Bolivia un amplio debate público, en el que unos exigen a los militares acatar el orden legal y otros los defienden por su actuación en defensa de la democracia.
