BUENOS AIRES.- El canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, informó hoy que el Gobierno de su país pidió información al de Estados Unidos sobre las razones por las cuales incluyó al fundador de Aerocontinente, Fernando Zevallos, en una lista de "capos" del narcotráfico.
"La cancillería de Perú ha dirigido una nota oficial al gobierno de los Estados Unidos solicitándole la información respecto de cuáles son las presunciones o las evidencias que han podido llevar a la adopción de esta medida", señaló el canciller peruano, de visita en Argentina.
El pasado 1 de junio, el gobierno de George W. Bush incluyó en una lista de narcotraficantes al fundador de la aerolínea peruana bajo una ley contra las drogas denominada "Kingpim Act".
La ley permite al gobierno de Washington negar a los incluidos en ese listado el acceso al sistema financiero estadounidense, a todo el comercio y a las transacciones con individuos y compañías de ese país.
Rodríguez Cuadros dijo que el gobierno de Alejandro Toledo espera una respuesta de Estados Unidos "para transmitirla a las autoridades judiciales de Perú".
El ministro señaló que el gobierno peruano "asegurará a los usuarios niveles de mantenimiento y de acceso al transporte aéreo, lo que comprende también la solución de los problemas conexos, como podrían ser los de los trabajadores" de la aerolínea.
Sin embargo, aclaró que esas son "sólo hipótesis, porque hoy día la compañía opera normalmente y no existen en Estados Unidos procesos judiciales contra la empresa".
Fernando Zevallos y su hermano Lupe, presidente de Aerocontinente, afrontan un pedido de extradición por parte de Chile que, según confirmó Rodríguez Cuadros, ya fue recibido por la Cancillería peruana.
"La Cancillería peruana ha transmitido esta solicitud al Ministerio de Justicia, que es el responsable, a su vez, de ponerla en conocimiento e las autoridades judiciales, quienes conforme a derecho tendrán que decidir sobre esta solicitud", dijo el canciller peruano.
Los hermanos Zevallos fueron procesados en septiembre de 2003 por la Justicia chilena como presuntos autores de los delitos de presentación de testigos y documentos falsos en el juicio por asociación ilícita para lavar dinero que se les abrió en Chile en 2001.
