SANTA FE DE RALITO.- El Gobierno del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, insistió hoy en los compromisos que obligan a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a un "cese total" de acciones ofensivas y contra la población civil.
Las AUC “deben abstenerse de homicidios, amenazas, desplazamientos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas”, dijo el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ante la mesa de negociaciones de paz que las partes formalizaron hoy en Santa Fe de Ralito, una aldea del noroeste del país.
Además señaló que están obligadas a suspender las “presiones e intromisiones en las actividades de las instituciones legítimamente constituidas, de las organizaciones políticas o sociales, así como de expandirse territorialmente o reclutar nuevos miembros”.
Deben proscribir el “uso de la violencia en disputas internas” y el bloqueo “a la libre circulación de personas, alimentos o medicinas”, continuó.
Restrepo hizo así mención de las conductas criminales de esa asociación paramilitar en sus poco más de dos decenios de lucha contra los grupos armados izquierdistas y en las que ha persistido, pese al cese de hostilidades declarado a finales de 2002.
La organización ultraderechista adoptó entonces, por exigencia del Gobierno, un alto el fuego unilateral e indefinido, que tanto el Ejecutivo como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y algunos sectores de la comunidad internacional han advertido de que no ha sido respetado.
“La reciprocidad en la comprensión y apoyo a este proceso por parte de la comunidad nacional e internacional depende, en gran medida, de la determinación de cesar en las hostilidades y abandonar todas las actividades ilícitas”, consideró Restrepo.
Para él, “un proceso de paz serio y creíble exige un firme propósito de enmienda, un acto sincero de contrición y una recuperación plena de los valores propios de la democracia y la convivencia”.
Restrepo agregó que el camino que el Gobierno y las AUC han recorrido en los últimos 18 meses le permiten afirmar que “existe un norte compartido para la negociación, que debe concretarse en un rechazo a la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias entre colombianos”.
Esa negociación, prosiguió, debe regirse por los principios del logro de la paz a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el desarme y la desmovilización total de las AUC.
También, el cumplimiento del cese de hostilidades, el compromiso para abandonar las actividades ilícitas y el “balance adecuado entre los intereses de la paz y los intereses de la justicia”.
Restrepo dijo que espera que el Congreso apruebe el nuevo proyecto de “justicia y reparación” presentado por el Ejecutivo con vistas a procesos de paz con los grupos ilegales.
“Iniciamos la que debe ser la recta final que nos conduzca de manera definitiva a la desmovilización” de los cerca de 19.000 miembros de las AUC, añadió Restrepo, que encabezó junto con el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, la delegación gubernamental en el acto.
Pretelt de la Vega defendió la política oficial de Seguridad Democrática de Uribe, que según él “no exige la derrota total de los grupos armados ilegales”.
“Sólo un Estado fuerte tiene la capacidad tanto para enfrentar la violencia, como para dialogar con los grupos armados que pretendan la paz”, dijo el ministro, para quien los mayores compromisos en este proceso se corresponden con las AUC.
El destino ha puesto a la nación ante la “posibilidad de avanzar, paso a paso, en la consecución de una nueva Colombia, que todo el mundo desea en paz”, observó Pretelt, pero advirtió de que este proceso “deberá ser ejemplar” para que el país se implique en él.
