Madrid.- El Gobierno español decidió hoy cancelar la clasificación de secreto o permitir su consulta por el Parlamento de todos los documentos pedidos por la comisión que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid, a excepción de seis pertenecientes a los servicios de inteligencia.
Entre los documentos desclasificados están las notas informativas entre los responsables del Ministerio español del Interior y los servicios antiterroristas del departamento y el relativo a la evolución de los medios personales y materiales de las unidades encargadas de la lucha contra el terrorismo desde los atentados de Estados Unidos hasta los de Casablanca.
También se cancela el carácter secreto de los análisis policiales a consecuencia del 11-S y de las posteriores amenazas y atentados del terrorismo islámico, así como de los retratos robots y los informes remitidos a cuerpos policiales extranjeros entre el 11 y el 14 de marzo pasado.
Asimismo, se darán a conocer a la comisión los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en Irak.
Por otra parte, hoy se informó de que el argelino Nasreddine Bousba, de 39 años, fue detenido ayer en Madrid por su presunta implicación en los atentados del 11 de marzo.
Según informaron a EFE fuentes de la investigación, el arrestado, natural de la ciudad de Constantina, supuestamente mantuvo contactos telefónicos hasta pocos días antes de la matanza con algunos de los siete terroristas que se suicidaron el 3 de abril en la localidad madrileña de Leganés al verse cercados por la Policía.
Agregaron que el detenido se relacionó desde enero pasado con tres de los supuestos autores del 11-M y especialmente con Jamal Amhidan, "El Chino", uno de los suicidas de Leganés.
Las Fuerzas de Seguridad investigan su grado de participación en la preparación de los ataques a los cuatro trenes el 11 de marzo, que causaron la muerte de 190 personas y dejaron heridas a más de 1.400.
Según fuentes jurídicas, Nasreddine Bousba podría estar relacionado con la falsificación de documentos oficiales, en concreto pasaportes, utilizados por varios de los implicados en los atentados.
Secretos, pero no tanto
A pesar de que hay seis textos que no serán desclasificados -pertenecientes al del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, la prensa española sí maneja algún grado de información sobre la materia que tratan cada uno de esos documentos.
Serían, en concreto, materias remitidas por los servicios secretos de otros países sobre los posibles autores del 11-M y de dos informes del Mosad israelí sobre la presencia de Al Qaeda y de terroristas de esta red en España.
Están también los informes de los servicios de información de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la presencia de terroristas que pudieran tener relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, así como el de los servicios secretos de Marruecos tras los ataques de Casablanca de mayo de 2003 para comprobar si se realizó un seguimiento a uno de los cerebros del 11-M, Jamal Zougam.
Otro documento al que no podrá acceder el Parlamento se refiere a los informes de los servicios secretos extranjeros sobre posibles atentados terroristas no etarras en España antes del 11 de marzo.
Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, el carácter secreto de estos documentos se mantiene "a todos los efectos" porque afectan a la "estructura, fuentes o procedimientos" del CNI, a servicios secretos extranjeros o a organizaciones internacionales.
