LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, descartó el jueves que un golpe de Estado vaya a desequilibrar la democracia en el país, a tres días de celebrarse un referendo sobre el gas.
"Me siento tranquilo", dijo el mandatario, de 50 años, tras las versiones y publicaciones sobre un presunto plan conspirativo que buscaría expulsarlo del poder constitucional al que llegó hace nueve meses en la cresta de una revuelta popular.
"Creo que el contexto de una visión de golpe de Estado no existe", agregó Mesa a los periodistas.
Mesa, un ex periodista y novato político independiente, dijo que algunos movimientos preocupan a los mecanismos de seguridad desplegados para preservar el orden y la tranquilidad en el país.
"Puede haber movimientos de armas y organización de grupos que pudieran ir más allá de las protestas callejeras", dijo Mesa. "Pero eso está bajo investigación permanente y no estamos con las manos bajas, porque sería un error hacerlo así".
Unos 4,5 millones de bolivianos están habilitados para votar el domingo sobre el futuro comercial del gas y las normas de una nueva política energética, mientras crecen las amenazas de acciones violentas por parte de grupos que el gobierno califica de "radicales".
Sectores sindicales y campesinos anunciaron que boicotearán la consulta con bloqueos de caminos, toma de recintos electorales y quema de ánforas en demanda de una nacionalización sin indemnización de las empresas petroleras extranjeras que explotan y comercializan los hidrocaburos bolivianos.
La consigna de la nacionalización, que Mesa rechaza como la puerta de acceso hacia la inviabilidad económica de Bolivia, pareció propagarse por algunas regiones del país, aunque las encuestas conceden una holgada ventaja a las propuestas del gobierno plasmadas en cinco preguntas.
Un paro de tres días, que incluye el domingo cuando se realizará el referendo, debía comenzar a la medianoche del jueves en juntas vecinales (barrios) de El Alto, la populosa y combativa ciudad obrero-campesina, vecina a La Paz, la sede del gobierno.
La policía boliviana, con la totalidad de sus efectivos desprovistos de armas de fuego, será la responsable de garantizar la emisión del voto en casi 21.000 mesas electorales diseminadas por todo el país. En tanto, las fuerzas militares estarán acuarteladas.
Decenas de observadores del exterior, encabezados por una misión de 22 funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), acompañarán también la evolución del que se eregirá en el histórico primer referendo en Bolivia.